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Adolfina Mejia
julio 26, 2025
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Las organizaciones agrarias y campesinas respaldan las recientes declaraciones hechas por el director general de Bienes Nacionales, reconociendo que estas confirman lo que la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas (FEDELAC) y la Central Nacional de Unidad Campesina y Agricultores Dominicanos (CENUCAD) han venido denunciando sobre el saqueo sistemático del patrimonio público, propiedad del CEA, CORDE y CORPOSTER, entre otras instituciones del Estado.
Según evidencian los hechos, este despojo ha sido orquestado por grupos de empresarios y políticos corruptos de todos los partidos que han gobernado el país desde la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo. En ese sentido, consideran que el señor Burgos Gómez se quedó corto al referirse únicamente al período comprendido entre los años 2000 y 2020. Aseguran que, si se realiza una investigación que abarque desde 1962 hasta 2024, se derrumbarían muchos altares, pues decenas de millonarios no resistirían una auditoría profunda sobre los bienes que poseen, ya sea de forma directa o a través de testaferros.
Por esa razón, expresan su firme oposición al desmantelamiento del Instituto Agrario Dominicano (IAD) mediante una fusión disfrazada de supuesta eficiencia, que busca transferir sus funciones al Ministerio de Agricultura, una institución que ha demostrado incapacidad tanto en el cumplimiento de sus propias funciones como en la ejecución de su presupuesto. Según los datos obtenidos, en el año 2024 apenas logró ejecutar el 60 % del presupuesto asignado, produciendo pobres resultados, en claro perjuicio para los productores nacionales y la seguridad alimentaria del país.
Los voceros de FEDELAC y CENUCAD solicitaron al presidente de la República que uno de los mayores legados que podría dejarle al país sería la contratación de una empresa extranjera independiente para realizar una investigación exhaustiva del patrimonio público desde 1961 hasta 2025.
Esta acción permitiría al pueblo dominicano conocer la verdad sobre lo que ha ocurrido durante los últimos 65 años con el patrimonio público, sin contar los despojos cometidos durante los gobiernos anteriores, desde Buenaventura Báez hasta la dictadura de Trujillo.
Finalmente, reiteraron que detrás de la fusión del IAD lo que realmente se oculta es el interés de apropiarse de su principal patrimonio: la tierra. “En otras instituciones del Estado ya no queda nada que buscar. Sobre la denuncia del señor Burgos, lo único que falta es determinar quiénes son los verdaderos beneficiarios y sus testaferros”.
Finalmente, reiteraron que detrás de la fusión del IAD lo que realmente se oculta es el interés de apropiarse de su principal patrimonio: la tierra. “En otras instituciones del Estado ya no queda nada que buscar. Sobre la denuncia del señor Burgos, lo único que falta es determinar quiénes son los verdaderos beneficiarios y sus testaferros”.
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