Por:Emiliano Reyes Espejo
ere.prensa@gmail.com

El general apartó un poco el escritorio, se levantó del confortable sillón donde estaba sentado y estiró los músculos de su fornido y espigado cuerpo, enfundado en un imponente traje militar. Ya de pie, miró hacia el amplio parqueo de la institución que dirigía. Lo separaba de él la pared de vidrio transparente de su oficina, ubicada en el segundo nivel del edificio sede de la entidad dedicada a la protección forestal, en el malecón de la capital. El oficial se pasó la mano sobre su acicalado bigote y vio, sorprendido, a una hermosa mulata de cuerpo escultural que cruzaba el estacionamiento con sensual contoneo. Sin perder tiempo, llamó a su asistente, otro oficial militar:—Ven a ver, ven a ver, mira qué hermosa mujer. A partir de ese momento, la vida de Mireya dio un giro inesperado.

Los éxitos del general

En tanto, el general trillaba un camino de éxitos. Había ganado notoriedad con sus acciones frontales en defensa de la foresta y del medio ambiente. En una ocasión, los periódicos destacaron su osadía al apresar a un respetado empresario del Cibao, sorprendido in fraganti desmontando una montaña para hacer cultivos. A ningún otro alto militar se le había ocurrido adoptar una medida de ese tipo contra un hijo de la oligarquía, que ha sido por siempre intocable en nuestro país. Se contaba entonces que el general, además de su fama de “hombre recio de carácter, guapo, aguerrido”, tenía el respaldo del mandatario de turno, lo que dio fuerza a sus acciones.

La fama de “general de mano dura” se esparció por todo el territorio nacional. Muchas personas incluso añoraban verlo como presidente de la República, para que pusiera a mucha gente en cintura. Al retirarse como militar le picó el “ajicito de la política” y creó, sin éxito, junto a amigos y simpatizantes, una agrupación que lo catapultaría en sus aspiraciones de gobernar la nación. “Ese es el tipo de hombre que se necesita para acabar con esta vagabundería y la inseguridad que reina en este país”, expresaban algunos ciudadanos.

Enfrenta a España

Siendo jefe del sector forestal, el general asumió la supervisión de un importante proyecto agroforestal donado por el gobierno español a través de su agencia de cooperación. La iniciativa estaba centrada en evitar la tala de árboles y fomentar la reforestación en el área de influencia de la presa de Sabaneta, en San Juan de la Maguana.

Para frenar los cortes, la cooperación española instaló allí un vivero modelo que producía plantas para la siembra, además de criar chivos de raza, cerdos, conejos, patos y otras aves. Los animales eran entregados a los habitantes como incentivo para que se comprometieran a no deforestar la zona y así evitar que se afectara el embalse de la presa. En principio, el proyecto, que servía además para capacitar a los habitantes sobre el manejo correcto de cuencas y del entorno ambiental, marchó exitosamente en manos de los técnicos españoles.

Pero —y siempre hay un pero— a la cooperación española se le ocurrió enviar a capacitarse a España a un técnico dominicano para que asumiera la dirección de la importante iniciativa cuando los ibéricos decidieran retirarse. Eso creó una controversia porque éste quiso poner uno de los suyos. La delegación diplomática de España decidió, con mucho pesar, retirar su oficina de cooperación del país y trasladarla a Cuba.

Nuevas andanzas

Pasado el tiempo, el general volvió a sus andanzas. Esta vez no es para proteger intereses de capitales bancarios, sino de una industria cementera. Cuando Manuel me contó que una importante cementera quería despojar a camioneros de la zona de Tamayo de su derecho de transportar el yeso de una mina ubicada en la comunidad de Barranca, adquirido durante años de servicio a ese consorcio, me llamó la atención que este hablara insistentemente del general.

Leí luego en una reseña periodística que se trataba del exjefe de la Policía, general retirado Pedro de Jesús Candelier, ahora jefe de seguridad de la empresa Cementos Cibao. El otrora poderoso jefe policial mantenía retenidos doce camiones cargados de yeso provenientes de la mina de Barranca, en Tamayo. Habían pasado los días y los conductores de esos vehículos permanecían en las instalaciones de la empresa Cementos Cibao, a más de 300 kilómetros de su localidad, en el kilómetro ocho y medio de la carretera Santiago-Baitoa.

El problema se centra en que la empresa, a través del general Candelier, quiere integrar otros seis camiones al transporte del yeso, pero los propietarios de camiones de Tamayo se oponen porque eso no solo implica una violación al contrato firmado con su sindicato, afiliado a Fenatrado, sino que prevén que la empresa quiere reducir el pago por el transporte de los cargamentos. Para eso, la cementera cibaeña apoderó a su mejor negociador, a su jefe de seguridad, De Jesús Candelier, exjefe de la Policía y veterano manejador de conflictos de toda índole. Manuel, uno de los propietarios de camiones, ha dicho que están dispuestos a negociar, pero el exalto oficial no transige, por lo que entiende que, si sus camioneros no son liberados, el pleito terminará en los tribunales. El sindicato de camioneros de transporte de yeso de Tamayo ya comenzó a hablar de secuestro y cuantiosas pérdidas económicas.

En tanto, a los propietarios de los 12 camiones retenidos en Cementos Cibao, Santiago, les permitirían descargar y salir de regreso a Tamayo “si permiten que carguen los otros vehículos”. Parece que en el fondo existe una especie de diatriba entre los camioneros sindicalizados y propietarios de una nueva flotilla de camiones que quiere sumarse al pastel. La situación parece ser sabiamente alimentada por la empresa y esto, se dijo, lo maneja un veterano en este tipo de lides, el general Candelier.

Según un despacho periodístico, uno de los miembros de Fenatrado dijo no saber el propósito que tiene el exjefe policial con la creación de ese incidente. “Lo cierto es que nos crea un conflicto que conlleva pérdidas económicas y el fastidio de esos choferes que permanecen en la planta de Santiago en condiciones inadecuadas”. Para Manuel Michel, propietario de uno de los vehículos, la opción está en negociar, pero, según afirma, Candelier “no permite ningún tipo de vías, a no ser la agudización de la situación”. A Michel se le olvida que el jefe de seguridad de la cementera es un “negociador de recio carácter” y que parece “ha vuelto a su laberinto”.

El autor es periodista

Emiliano Reyes
www.ereprensa.blogspot.com

Por: Oscar López Reyes
(6 de 10)

Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.

Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.

La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.

¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?

Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.

También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.

Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.

El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.

La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.

¿Cuáles son las respuestas?

Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.

Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.

Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.

Referencias bibliográficas

1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,.y https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/

2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.

3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.

5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.

6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.

8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.


Sobre el autor:

Es periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.

Por: Yoarem Monegro
@yoaremmonegro
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Artículo 29

“—Dime, ¿qué comeremos? —Mierda.”

— Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba.

Salgamos de la ficción literaria para ingresar en la cruda e implacable realidad: cualquier parecido con lo aquí escrito puede ser pura coincidencia, pero la geopolítica jamás perdona a los Estados ingenuos.

La desgarradora sentencia con la que García Márquez concluyó su obra cumbre ha dejado de ser un recurso estilístico; es la proyección de seguridad nacional para las Américas si el Alto Mando insiste en ignorar la convergencia entre el crimen transnacional y el colapso logístico global. En un planeta fracturado por frentes abiertos en Europa del Este, el Estrecho de Taiwán y el Golfo de Adén, la soberanía nacional real no se mide solo en pies de fuerza, sino en la continuidad ininterrumpida de la cadena de suministros. Quien controle los puertos comerciales, las terminales de carga y las rutas agrícolas del continente, controlará la supervivencia misma de las naciones.

El Tablero de Control: La Fórmula Bukele en el Caribe.

La seguridad hemisférica tiene un nuevo estándar de ejecución. El accionar de Nayib Bukele en El Salvador demostró que el monopolio estatal de la fuerza se recupera mediante tres factores no negociables: voluntad política, inteligencia estratégica y despliegue táctico. Su reputación internacional es consecuencia directa de haber desarticulado las estructuras delictivas desde la raíz, devolviendo el territorio a la legalidad mediante el control territorial absoluto.

Sin embargo, el éxito puramente doméstico es vulnerable ante amenazas asimétricas transfronterizas. Limpiar la casa por dentro no impide que las marejadas del entorno derriben sus muros. La Doctrina Bukele debe evolucionar: transicionar de la pacificación urbana a un modelo de defensa hemisférica combinada. Si los Estados de la región no replican esa misma firmeza para blindar sus nodos logísticos e industriales, el esfuerzo interno será absorbido por el caos exterior.
La Gangrena Regional: El Vector Puerto Príncipe.

El síntoma más crítico de la ausencia de este control se localiza a pocos kilómetros. La crisis en Haití ha mutado en un agujero negro geopolítico. Informes de inteligencia estratégica revelan que las facciones de la coalición Viv Ansanm han trascendido el secuestro urbano: hoy financian sus operaciones mediante la piratería de cabotaje en el Golfo de la Gonâve y la extorsión sistemática a buques comerciales que abastecen el Caribe insular.

Esta somalización del Caribe genera una presión desproporcionada sobre la República Dominicana, obligando a desviar recursos críticos hacia la contención fronteriza en lugar de destinarlos a la tecnificación logística. Cuando las rutas marítimas adyacentes al Canal de la Mona incrementan sus costos debido a las primas de riesgo de guerra (War Risk Surcharges), el precio final de cada contenedor de insumos básicos se dispara de inmediato en la mesa del consumidor regional.

Los Puertos del Narcotráfico: El Asalto a la Cadena de Valor.

El peligro definitivo de los carteles contemporáneos no radica en la ideología, sino en su sofisticación corporativa. Estructuras criminales maduras operan bajo estándares de Logística de Quinta Generación (5GL), ejecutando el secuestro silencioso de las aduanas y los Sistemas Operativos de Terminales (TOS).

Infiltración Simbiótica: Contaminan los contenedores refrigerados (Reefers) de exportación agrícola. Al comprometer la carga legítima, provocan severas sanciones internacionales contra los agroexportadores latinoamericanos, destruyendo la economía formal desde adentro.

El Secuestro de los Insumos: América Latina importa más del 75% de los fertilizantes nitrogenados (urea, potasio, fosfato monoamónico) y precursores químicos que consume. Si los puertos de descarga operan bajo la sombra del narcotráfico, el costo de la canasta básica pasa a ser dictado por las cúpulas criminales. La inflación alimentaria inducida es la nueva modalidad de guerra asimétrica de quinta generación para desestabilizar gobiernos legítimos sin disparar un solo proyectil.

La Ventana Crítica: Horas contra Días.

La interconexión global expone la extrema fragilidad de los sistemas de distribución occidentales. Los modelos de simulación de crisis logística militar arrojan cifras categóricas: ante un bloqueo coordinado de las Líneas de Comunicación Marítima (SLOC), Europa occidental cuenta con apenas 72 horas de autonomía alimentaria urbana antes del colapso del modelo Just-in-Time. Estados Unidos mantiene una reserva estratégica de 90 días en sus silos de granos.

El Caribe Insular y Centroamérica, en cambio, operan con un margen cercano a cero. La neutralización de dos puertos clave por parte del narcoterrorismo paralizaría el abastecimiento regional en menos de una semana, desencadenando crisis sociales de alcance impredecible.

La Cumbre de Santo Domingo: El Plan Maestro de la Red A3C.

Frente a esta amenaza inminente, la Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles (Red A3C), celebrada en la República Dominicana, adquiere una categoría estratégica de máxima prioridad para el Alto Mando. No se trata de un encuentro diplomático convencional; es la formulación de un plan de contingencia militar hemisférico bajo los marcos del Código PBIP (ISPS) de la Organización Marítima Internacional.

La Doctrina A3C, al clasificar formalmente a las redes transnacionales como organizaciones narcoterroristas, habilita el uso de capacidades militares de alta precisión y operaciones combinadas en tiempo real para recuperar el control de los corredores logísticos marítimos y terrestres. La cumbre en Santo Domingo consolida esta urgencia a través de tres pilares operativos:

Inteligencia Algorítmica: Auditoría preventiva de manifiestos de carga mediante analítica de datos avanzada previa al zarpe.

Interdicción Marítima: Operativos combinados de abordaje en aguas internacionales sin tramas burocráticas.

Infraestructura Crítica: Protección ciber-militar de terminales portuarias, aduanas y centros de acopio agrícola bajo estatus de Seguridad Nacional.

La estabilidad democrática y la soberanía alimentaria de las Américas dependen de la ejecución impecable de estas medidas. Si la Fórmula Bukele de control territorial absoluto no se integra con la capacidad de fuego e inteligencia de la Red A3C para proteger el estómago del continente, las naciones descubrirán que, cuando la realidad aplasta a la ficción, la trágica respuesta al Coronel dejará de ser una metáfora para convertirse en nuestro destino irreversible.
Finalmente :

¿Está dispuesto el liderazgo político regional a transicionar del aplauso retórico hacia la homologación real de la doctrina de control territorial para blindar las fronteras marítimas comunes?

¿Están las Fuerzas Armadas del continente preparadas para asumir la protección ciber-militar de las aduanas y terminales portuarias frente al secuestro corporativo del crimen organizado?

¿Cuánto tiempo resistirán las democracias del Caribe antes de que el control criminal de las rutas de suministro transforme la inflación alimentaria en un arma de desestabilización social masiva?

Sobre la autora

La autora es Licenciada en Relaciones Internacionales posee Exequatur, maestría en Defensa y Seguridad Nacional, Maestría en Diplomacia, Postgrado en Geopolitica, especialista en Narcotráfico y Terrorismo internacional. Es docente, Asesora de Tesis para contenido.

Por: Emiliano Reyes Espejo
ere.prensa@gmail.com
(Parte IV)

Mientras el Gobierno anuncia más de RD$271 millones en parques industriales y US$3,000 millones en Cabo Rojo, la mayoría de proyectos de la Estrategia Fronteriza siguen pendientes. La apuesta debe ser transformar la producción agropecuaria y crear incentivos fiscales reales.

"Llegó la hora de industrializar la producción agropecuaria en el Sur". La frase de un reputado ciudadano sureño resume el reclamo histórico de una región que aporta casi el 15% del Producto Interno Bruto, pero que sigue atrapada entre expectativas y obras a medias.

Las inversiones anunciadas en turismo, energía y minería pueden ser, por fin, la palanca para esa industrialización. La pregunta es: ¿qué se ha hecho hasta ahora?

Los diálogos que crearon expectativas

La ruta formal arrancó en diciembre de 2021. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) convocó a los Consejos Provinciales de Desarrollo de las siete provincias de la zona fronteriza para formular la Estrategia de Desarrollo de la Zona Fronteriza.

Allí se firmó la Alianza para el Desarrollo de la Zona Fronteriza y se acordaron los ejes económicos prioritarios. Como he señalado en un artículo anterior, aquellas reuniones "han creado un mar de expectativas entre los habitantes de esta apartada y empobrecida región".

En Pedernales, por ejemplo, se priorizaron cinco ejes: turismo sostenible, consolidación e industrialización agrícola, comercio binacional, pesca y fortalecimiento de las Mipymes de servicios.

La pregunta que hoy flota en la región es directa: ¿a dónde han ido a parar esos proyectos?

Lo que se ha invertido: mucho ruido y poca nuez

Según levantamientos en instituciones del Estado, la industrialización se canaliza a través de Proindustria. El organismo ejecuta proyectos de expansión de infraestructura industrial en el Sur que superan los RD$133.8 millones, una cifra que, para la dimensión de la región, resulta pírrica.

A eso se suman RD$271 millones para la ampliación de parques industriales en zonas estratégicas como San Cristóbal y San Juan de la Maguana, donde se han inaugurado nuevas naves -cinco estructuras operativas- con proyección de más de 1,200 empleos directos y fondos transferidos para dos naves adicionales.

En el plano agroindustrial, los planes estructurados junto a la FAO contemplan US$18.9 millones dentro de un fondo global de US$35.6 millones para infraestructura agroindustrial. El Plan San Juan 2050 busca, además, la transición del agro tradicional a un ecosistema tecnificado.

Es el marco, pero no el final.

La visión desde el Sur: qué industrializar

El ciudadano observador plantea lo esencial: no basta con producir, hay que transformar en el territorio para generar empleo joven.

Su mapa es claro:San Juan, el granero: industrializar su producción.Neiba, Tamayo y Vicente Noble: uvas y plátanos como materia prima para fábricas de platanitos, harina de plátano y derivados.Costa Sur: aceite de coco, carbón activado y artesanía con la concha para el mercado turístico.Azua y Baní: procesamiento de tomates en salsas, invernaderos y jugos de frutas variadas.Barahona: industrialización del café, cacao y aprovechamiento integral de la piedra de larimar, única en el mundo.Todo el Sur: ganadería para carnes y lácteos, y aprovechamiento de desechos de la industria azucarera para madera prensada.Pedernales: crear una industria pesquera moderna, renovando la flota para abastecer la futura demanda hotelera de Cabo Rojo.

Todo esto cobra sentido cuando se recuerda que Valdesia, El Valle y Enriquillo concentran entre 14.5% y 14.9% de la producción nacional. Con agroindustria, ese aporte puede dispararse.

Las mega apuestas que deben aterrizar

Al margen del agro, la región tiene tres anclas vitales:Cabo Rojo, Pedernales: polo turístico con inversión proyectada superior a los US$3,000 millones en hoteles y cruceros.Gestión hídrica y agro-hidroeléctrica: con más de RD$875 millones en obras complementarias.Deporte y competitividad: más de RD$713 millones para 14 estructuras deportivas en Peravia, San Cristóbal, Independencia, Elías Piña, San Juan, Barahona y Azua, más programas de producción más limpia de Proindustria y el MICM para pymes y zonas francas, que ya representan cerca del 17% del empleo del sector a nivel nacional.

Propuesta: Un pool regional sin colores partidarios.

Frente a ese cúmulo de anuncios y pendientes, urge una acción política conjunta. De ahí la propuesta central de esta entrega:

1. Crear un pool de senadores, diputados y alcaldes del Sur, sin distinción de partidos. Una asociación regional para reclamar, apoyar y fiscalizar la finalización de los proyectos iniciados.

Los senadores deberían liderar la creación de un Observatorio de Seguimiento a las Inversiones del Sur, encargado de supervisar calidad, cronogramas y ejecución.

2. Agenda legislativa común. Ese pool debe elaborar y proponer leyes, decretos y resoluciones para crear incentivos fiscales especiales que motiven inversión real en agroindustria, energía limpia y minería responsable.

3. Foco en agroindustria. Que esos incentivos se destinen prioritariamente a industrializar rubros como plátano, guineo, café, cacao y frutales.

No es un tema partidario. Es la supervivencia productiva del Sur Profundo.


El autor es periodista.


Emiliano Reyes
www.ereprensa.blogspot.com

Por: Yoarem Monegro
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(Artículo 29)

“—Dime, ¿qué comeremos? —Mierda.”

— Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba.

Salgamos de la ficción literaria para ingresar en la cruda e implacable realidad: cualquier parecido con lo aquí escrito puede ser pura coincidencia, pero la geopolítica jamás perdona a los Estados ingenuos.

La desgarradora sentencia con la que García Márquez concluyó su obra cumbre ha dejado de ser un recurso estilístico; es la proyección de seguridad nacional para las Américas si el Alto Mando insiste en ignorar la convergencia entre el crimen transnacional y el colapso logístico global. En un planeta fracturado por frentes abiertos en Europa del Este, el Estrecho de Taiwán y el Golfo de Adén, la soberanía nacional real no se mide solo en pies de fuerza, sino en la continuidad ininterrumpida de la cadena de suministros. Quien controle los puertos comerciales, las terminales de carga y las rutas agrícolas del continente, controlará la supervivencia misma de las naciones.
El Tablero de Control: La Fórmula Bukele en el Caribe.

La seguridad hemisférica tiene un nuevo estándar de ejecución. El accionar de Nayib Bukele en El Salvador demostró que el monopolio estatal de la fuerza se recupera mediante tres factores no negociables: voluntad política, inteligencia estratégica y despliegue táctico. Su reputación internacional es consecuencia directa de haber desarticulado las estructuras delictivas desde la raíz, devolviendo el territorio a la legalidad mediante el control territorial absoluto.

Sin embargo, el éxito puramente doméstico es vulnerable ante amenazas asimétricas transfronterizas. Limpiar la casa por dentro no impide que las marejadas del entorno derriben sus muros. La Doctrina Bukele debe evolucionar: transicionar de la pacificación urbana a un modelo de defensa hemisférica combinada. Si los Estados de la región no replican esa misma firmeza para blindar sus nodos logísticos e industriales, el esfuerzo interno será absorbido por el caos exterior.
La Gangrena Regional: El Vector Puerto Príncipe.

El síntoma más crítico de la ausencia de este control se localiza a pocos kilómetros. La crisis en Haití ha mutado en un agujero negro geopolítico. Informes de inteligencia estratégica revelan que las facciones de la coalición Viv Ansanm han trascendido el secuestro urbano: hoy financian sus operaciones mediante la piratería de cabotaje en el Golfo de la Gonâve y la extorsión sistemática a buques comerciales que abastecen el Caribe insular.

Esta somalización del Caribe genera una presión desproporcionada sobre la República Dominicana, obligando a desviar recursos críticos hacia la contención fronteriza en lugar de destinarlos a la tecnificación logística. Cuando las rutas marítimas adyacentes al Canal de la Mona incrementan sus costos debido a las primas de riesgo de guerra (War Risk Surcharges), el precio final de cada contenedor de insumos básicos se dispara de inmediato en la mesa del consumidor regional.
Los Puertos del Narcotráfico: El Asalto a la Cadena de Valor.

El peligro definitivo de los carteles contemporáneos no radica en la ideología, sino en su sofisticación corporativa. Estructuras criminales maduras operan bajo estándares de Logística de Quinta Generación (5GL), ejecutando el secuestro silencioso de las aduanas y los Sistemas Operativos de Terminales (TOS).

Infiltración Simbiótica: Contaminan los contenedores refrigerados (Reefers) de exportación agrícola. Al comprometer la carga legítima, provocan severas sanciones internacionales contra los agroexportadores latinoamericanos, destruyendo la economía formal desde adentro.

El Secuestro de los Insumos: América Latina importa más del 75% de los fertilizantes nitrogenados (urea, potasio, fosfato monoamónico) y precursores químicos que consume. Si los puertos de descarga operan bajo la sombra del narcotráfico, el costo de la canasta básica pasa a ser dictado por las cúpulas criminales. La inflación alimentaria inducida es la nueva modalidad de guerra asimétrica de quinta generación para desestabilizar gobiernos legítimos sin disparar un solo proyectil.
La Ventana Crítica: Horas contra Días.

La interconexión global expone la extrema fragilidad de los sistemas de distribución occidentales. Los modelos de simulación de crisis logística militar arrojan cifras categóricas: ante un bloqueo coordinado de las Líneas de Comunicación Marítima (SLOC), Europa occidental cuenta con apenas 72 horas de autonomía alimentaria urbana antes del colapso del modelo Just-in-Time. Estados Unidos mantiene una reserva estratégica de 90 días en sus silos de granos.

El Caribe Insular y Centroamérica, en cambio, operan con un margen cercano a cero. La neutralización de dos puertos clave por parte del narcoterrorismo paralizaría el abastecimiento regional en menos de una semana, desencadenando crisis sociales de alcance impredecible.
La Cumbre de Santo Domingo: El Plan Maestro de la Red A3C.

Frente a esta amenaza inminente, la Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles (Red A3C), celebrada en la República Dominicana, adquiere una categoría estratégica de máxima prioridad para el Alto Mando. No se trata de un encuentro diplomático convencional; es la formulación de un plan de contingencia militar hemisférico bajo los marcos del Código PBIP (ISPS) de la Organización Marítima Internacional.

La Doctrina A3C, al clasificar formalmente a las redes transnacionales como organizaciones narcoterroristas, habilita el uso de capacidades militares de alta precisión y operaciones combinadas en tiempo real para recuperar el control de los corredores logísticos marítimos y terrestres. La cumbre en Santo Domingo consolida esta urgencia a través de tres pilares operativos:

Inteligencia Algorítmica: Auditoría preventiva de manifiestos de carga mediante analítica de datos avanzada previa al zarpe.

Interdicción Marítima: Operativos combinados de abordaje en aguas internacionales sin tramas burocráticas.

Infraestructura Crítica: Protección ciber-militar de terminales portuarias, aduanas y centros de acopio agrícola bajo estatus de Seguridad Nacional.

La estabilidad democrática y la soberanía alimentaria de las Américas dependen de la ejecución impecable de estas medidas. Si la Fórmula Bukele de control territorial absoluto no se integra con la capacidad de fuego e inteligencia de la Red A3C para proteger el estómago del continente, las naciones descubrirán que, cuando la realidad aplasta a la ficción, la trágica respuesta al Coronel dejará de ser una metáfora para convertirse en nuestro destino irreversible.
Finalmente :

¿Está dispuesto el liderazgo político regional a transicionar del aplauso retórico hacia la homologación real de la doctrina de control territorial para blindar las fronteras marítimas comunes?

¿Están las Fuerzas Armadas del continente preparadas para asumir la protección ciber-militar de las aduanas y terminales portuarias frente al secuestro corporativo del crimen organizado?

¿Cuánto tiempo resistirán las democracias del Caribe antes de que el control criminal de las rutas de suministro transforme la inflación alimentaria en un arma de desestabilización social masiva?


Sobre la autora 

Es Licenciada en Relaciones Internacionales posee Exequatur, maestría en Defensa y Seguridad Nacional, Maestría en Diplomacia, Postgrado en Geopolitica, especialista en Narcotráfico y Terrorismo internacional. Es docente, Asesora de Tesis para contenido.

Por: Víctor Ml. Terrero
Dirigente del PLD

El silencio de buena parte de los dirigentes choferiles de la República Dominicana frente al aumento del marbete deja en evidencia la debilidad de la representación gremial ante decisiones gubernamentales que afectan directamente a la población.

Mientras los ciudadanos buscan cómo estirar sus ingresos, quienes tradicionalmente han encabezado las protestas del transporte parece mantener una posición cautelosa.

La situación plantea una pregunta necesaria: ¿dónde está la voz de los dirigentes cuando las medidas oficiales presionan aún más la economía familiar? La defensa de los trabajadores y del pueblo debe estar por encima de cualquier cercanía política.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dispuso un aumento del Impuesto de Circulación Vehicular (ICV), conocido como marbete, para el período 2026-2027.

Según la disposición, los vehículos fabricados hasta 2021, inclusive, pagarán RD$2,000, lo que representa un incremento de RD$500 respecto a la tarifa anterior. Y de RD$4,000 para los fabricados desde 2022 en adelante, ósea un aumento RD$1,000 , lo cual representa un abuso para la clase media dominicana, ya que el Gobierno está aplicando estos incrementos, sin embargo los salarios siguen intanto, cada vez se destruye mas la calidad de vida de los dominicanos.

Aunque el Gobierno tiene la facultad de establecer medidas fiscales, también debe explicar por qué aumenta la carga económica de los ciudadanos y qué beneficios concretos recibirán a cambio. En un escenario de presión sobre el costo de la vida, la medida merece una revisión seria.

Resulta cuestionable que dirigentes del transporte, acostumbrados a reclamar ante decisiones que afectan sus intereses, no hayan asumido una posición más firme frente a este incremento.

La relación de algunos representantes gremiales con sectores del oficialismo no debería convertirse en un obstáculo para defender a sus afiliados y a la ciudadanía.

La representación sindical pierde fuerza cuando las diferencias políticas pesan más que las necesidades de la gente. No se trata de promover confrontaciones innecesarias, sino de exigir coherencia entre el discurso y las acciones.

En medio de esa falta de pronunciamientos contundentes, el senador y dirigente transportista Antonio Marte ha cuestionado el impacto del aumento sobre el sector.

Su posición pone de relieve la necesidad de que otras organizaciones choferiles expliquen públicamente qué piensan hacer frente a una medida que encarece la tenencia y circulación de vehículos.

Los conductores, pequeños propietarios y usuarios del transporte no pueden quedar a merced de decisiones que afectan sus presupuestos sin una defensa gremial efectiva. El país necesita dirigentes capaces de reclamar sin temor a incomodar al poder.

También preocupa que los vínculos políticos y empresariales de algunos dirigentes con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) puedan limitar su capacidad de cuestionar decisiones del Gobierno. Los aspirantes presidenciales y sus aliados deben comprender que la cercanía con el poder no los exime de responder ante los sectores populares.

El liderazgo choferil está llamado a demostrar que su compromiso no depende de quién ocupe el Palacio Nacional. Cuando se trata del bolsillo del pueblo, el silencio no puede sustituir a la representación.

Frente a este aumento, las organizaciones del transporte deberían reclamar explicaciones a la DGII, exigir una evaluación del impacto económico y proponer tarifas más proporcionales a la realidad de los propietarios de vehículos.

El Gobierno, por su parte, debe escuchar a los sectores afectados y justificar una medida que añade presión a los gastos de miles de dominicanos.

Los dirigentes choferiles tienen la responsabilidad de recuperar protagonismo en la defensa de sus representados, sin subordinaciones ni cálculos partidarios. Porque cuando el pueblo necesita una voz que lo defienda, la indiferencia de sus representantes también se convierte en motivo de cuestionamiento.

El Gineco-Obstetra Dr. Víctor Manuel Terrero, es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y ex diputado de la provincia Barahona.

Por: Isidro Gil
Abogado y docente de Derecho Penal Especial II


Confieso que observo con cierta sorpresa el entusiasmo que ha despertado la reciente querella presentada contra el actual director de la Policía Nacional. No porque cuestione el derecho de cualquier ciudadano a acudir a los tribunales cuando entiende que existe una responsabilidad que debe investigarse, sino porque inevitablemente surge una pregunta que muchos dominicanos parecen hacerse en voz baja: ¿por qué ahora sí y antes no?

La discusión sobre las muertes ocurridas en intervenciones policiales no comenzó ayer. Tampoco es un fenómeno exclusivo de la presente gestión. Durante años, las estadísticas difundidas por diversos medios de comunicación reflejaron cifras alarmantes de fallecimientos vinculados a actuaciones policiales sin que se produjera una movilización jurídica o mediática proporcional al tamaño del problema.

Si revisamos los números conocidos por la opinión pública, encontraremos que entre 2005 y 2011, durante los gobiernos de Leonel Fernández, se registraron alrededor de 2,427 muertes vinculadas a actuaciones policiales. Eso equivale a un promedio cercano a 347 muertes por año, prácticamente una por día. Posteriormente, entre 2013 y 2019, durante los gobiernos de Danilo Medina, se reportaron unas 1,144 muertes, para un promedio de aproximadamente 163 anuales.

Son cifras demasiado serias para ignorarlas y demasiado dolorosas para reducirlas a simples estadísticas.

Por eso me pregunto: ¿dónde estaban entonces las querellas? ¿Cuántos directores generales de la Policía fueron llevados ante los tribunales por esas cifras? ¿Cuántos expedientes se construyeron contra altos mandos policiales bajo la teoría de responsabilidad que hoy se intenta impulsar?

Y la pregunta adquiere todavía más relevancia cuando nos recordamos la cercanía de algunos de esos colegas Jean Alain Rodríguez, quien ocupó la Procuraduría General de la República durante una parte importante de ese período. Resultaría interesante conocer cuántas investigaciones de alto nivel promovió su gestión respecto de las muertes ocurridas durante operativos policiales y cuántos mandos fueron efectivamente sometidos a la acción de la justicia.

No se trata de descalificar una querella por quién la presenta. Tampoco de impedir que se investigue a ningún funcionario público. Todo lo contrario. Si existen razones jurídicas para investigar, que se investigue. Pero la sociedad también tiene derecho a exigir coherencia.

Porque la defensa de los derechos humanos pierde fuerza cuando parece activarse selectivamente. Cuando se guarda silencio frente a miles de muertes durante años y luego se descubre una repentina vocación garantista dependiendo de quién se encuentre al frente de las instituciones.

Las víctimas merecen justicia siempre, no solamente cuando resultan útiles para una estrategia política, mediática o personal. El dolor de una familia que perdió a un ser querido en 2008 no vale menos que el dolor de otra que lo perdió en 2026. La dignidad humana no cambia con los gobiernos ni con los ciclos electorales.

Quizás por eso la pregunta sigue resultando incómoda, pero necesaria: si durante años ocurrieron miles de muertes atribuidas a actuaciones policiales, ¿por qué no vimos el mismo fervor judicial de hoy? ¿Por qué el silencio de entonces contrasta con la indignación actual?

La justicia, para ser creíble, tiene que medir con la misma vara a todos. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en un instrumento de conveniencia y no en una auténtica búsqueda de verdad y responsabilidad.

Y cuando eso ocurre, las querellas dejan de parecer un reclamo genuino de justicia para comenzar a parecer simples herramientas de oportunidad política.

Por: Oscar López Reyes
(Exposición ante el XXX Congreso Hispanoamericano de la Prensa)
(5 de 10)

SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia.- El periodismo contemporáneo humano afronta un lance incisivo con el periodismo algorítmico, por la riña de este último con los códigos deontológicos de la profesión, que enrumba hacia una nueva etapa epistemológica y académica de las ciencias de la comunicación social.

El periodismo humano se esfuerza por la transparencia, la soberanía y el pensamiento crítico, buscando superar la mengua de credibilidad y confianza pública mediática, reducida por los desafueros amparados en la Inteligencia Artificial.

Aunque la IA aporta indiscutibles ventajas técnicas, como la automatización de transcripciones y el análisis de datos multitudinarios, la centralización de los modelos tecnológicos amenaza el pilar democrático de una prensa diversa y conectada con el realismo existencial.

La inteligencia artificial plantea una dualidad y un dilema ético. Concuerda que opere como un puntal técnico y deje el parámetro editorial definitivo y la sensibilidad en manos del periodista humano. Y cambia el periodismo de investigación cuando actúa como un eficaz apoyo funcional para avasallar en el trabajo de campo y el rigor crítico

Ante el “tsunami” informativo (exceso de noticias rebosantes de ruidos y malicias), urge apelar a la curaduría periodística, separando el trigo de la paja y puntualizando en los ángulos solidarios y comunitarios, sin sesgos algorítmicos. En el arte, la literatura, el derecho y otras disciplinas la curaduría consiste en indagar, filtrar, jerarquizar y cuidar bienes para ser expuestos en público, y en la esfera digital implica testificar y contextualizar volúmenes de datos corpulentos con utilidad adicional y en la veta de la emocionalidad y autenticidades.

Voy a exponer y a clasificar en 7, que denominaré las 7D, los quebrantamientos legales y éticos, y sus formas de contrarrestarlos:

1.- Tergiversación y tejemaneje (deepfakes)

La manipulación y los sesgos informativos se atrincheran en una contienda ética primaria de la era digital, en la cual la IA generativa apalanca como un pedestal primordial, en vista de que está desprovista de entendimiento contextual o moral e inestabiliza el ejercicio periodístico. Textos, audios, videos o imágenes falaces hiperrealistas son diseñados para embaucar a la audiencia o cometer fraudes, como la suplantación de identidades, han interferido en el firmamento global –frecuentemente con eficacia – en decenas de certámenes electorales y suscitado miles de millones en pérdida financieras.

La tergiversación y el tejemaneje informativo por actores políticos o mercenarios digitales -rostros, voces o noticias inventadas- se asientan en tres cimientos: 1) la maquinación malévola de seres humanos, 2) el extractivismo de datos (recolección y monetización ilegal de compañías tecnológicas), y 3) desconfiguración propia de la tecnología.

¿Qué se hace para contenerlos?

Las regulaciones legislativas son la contención, como está siendo demostrado en distintas naciones. La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, en vigencia desde el 1 de agosto de 2024, prohíbe la manipulación del comportamiento humano y castiga hasta con 35 millones de euros a las corporaciones que cometan infracciones graves. Y en Estados Unidos, la Ley

Take It Down, válida desde el 19 de mayo de 2026, fija sanciones de 53 mil dólares, así como medidas cautelares y compensación al consumidor.

2.- Encubrimiento y exclusión (algoritmo)

Con la meta de jerarquizar en secreto estrategias comerciales o gubernamentales, ciertas plataformas encubren y excluyen o invisibilizan noticias, entidades y personas, a sabiendas de que sus algoritmos destilan maquiavelismos técnicos engorrosos, que fecundan adicciones y dañan la salud mental infantil.

Sin cumplir con el “derecho a la explicación” ni aclaratorias para los receptores, los algoritmos entrenados en el modelo de lenguaje perpetúan y repiten referencias históricas, prejuicios relativos a orígenes de personas, género, edad, raza, estatus socioeconómico y discapacidades que avalan para rechazar contrataciones de servicios o el otorgamiento de créditos, que denota la conculcación de derechos y oportunidades.

Para identificar, bloquear o disminuir mensajes mendaces se acude al “ojo crítico”, poniendo en tela de juicio y evaluando para la detección visual y auditiva, y a las plataformas emergentes, como Fac-Checking, la fuente, el perfil y el contexto.

¿Cómo podar los perjuicios de las corporaciones?

Las recientes leyes aprobadas aseguran su invencibilidad. Fiscales, gobiernos locales y ciudadanos de Estados Unidos están ganando demandas judiciales a las gigantes Meta (Facebook, Instagram), TikTok, YouTube y Snapchat. Un tribunal de México multó a Meta (a pagar 375 millones de dólares por violar la Ley de Prácticas Comerciales Desleales y ocultar información sobre las deficiencias y peligros de sus plataformas, las cuales facilitaban activamente la explotación sexual infantil.

3.- Infracción a privacidad y espionaje

Los códigos de ética periodística estipulan el respeto a la privacidad, como un derecho humano esencial pero, a contrapelo, la comunicación digital y su faceta avanzada, la inteligencia artificial, propagan a los cuatro vientos, sin filtro, informaciones privadas de ciudadanos de todas las estirpes. La intromisión en asuntos particulares se acoge, salvo que sean de interés colectivo, como denuncias sobre corrupción, calamidades, delitos contra la sociedad o actos de merecida exaltación.

Diariamente, medios digitales postean cuestiones personales alimentadas por la IA sin tomar en cuenta pilares éticos insustituibles, como proteger el anonimato, guardar el secreto profesional, preservar el derecho a la libre expresión, la dignidad y el dolor ajeno para lucrarse.

En contraste, menoscaban la credibilidad mediática y la confianza social, petardos como el morbo, los rumores, la obtención de informaciones mediante hackeos o filtraciones, el espionaje informático y grabaciones ocultas y telefónicas, como el software Pegasus.

¿Cómo afrontar la desprotección?

Las instancias judiciales han de seguir sentando precedentes contra las compañías que implementan algoritmos que lesionan y estropean a los usuarios, y que están conminando a las corporaciones electrónicas y computacionales a establecer controles de edad estrictos y sistemas avanzados de supervisión constantes que provocan ansiedad, depresión, autolesiones y suicidios.

En agosto de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos impuso una multa y acuerdo de 400 millones de dólares a Tik Tok, por quebrantar la Ley de Protección de la Privacidad del Menor en Internet, lo que permitió que menores de 13 años crearan cuentas sin el consentimiento de sus padres. Y, cientos de familias y distritos escolares de Estados Unidos imputaron en los tribunales a Meta, TikTok, YouTube y Snapchat por emplear artefacto como el scroll infinito y las notificaciones constantes que provocan ansiedad, depresión, autolesiones y suicidios.

Referencias bibliográficas:

1.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.

2.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

3.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.

4.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.

5.- Inteligencia Artificial. Guía definitiva desde los orígenes a la IA generativa, Adrián González Sánchez y Laura Sánchez Fernández, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2025.

6.- Liderando la era de la IA generativa: Playbook ejecutivo para convertirse en el líder que impulsa la transformación de su empresa, Adrián González Sánchez, Marcombo, Alpha Editorial, Barcelona, España, 2026.

7. Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn,

A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial

Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/.

8. Noticia de Agencia (Agência Brasil). Agência Brasil. (2026, 6 de febrero).

Contenidos falsos creados con IA se triplican entre 2024 y 2025.,.

9. Reportaje periodístico (El Nacional / BBC). Titheradge, N., y Malchevska, O.

(2026, 22 de marzo). ¿Por qué ChatGPT aconsejó a una joven rusa suicidarse?
El Nacional, p. 7.

10. Artículo de opinión/tecnología (Vía Tecnológica). Díaz, R. (s.f.). La IA no es
confiable, y esta es la razón. Vía Tecnológica.

11. Artículo sobre salud (The New York Times / Estudio). Rosenbluth, T. (2025, 29 de octubre). Los consejos de salud de los chatbots de IA suelen ser erróneos, según un estudio.

12. Breve de prensa (Fraude con IA). Agencias. (s.f.). Gana millones por fraude con IA.

El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor

Por: Emilia Santos Frias

La 82.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), ponderó a la República Dominicana como Estado que favorece el ejercicio próspero de la libertad de prensa. En el cónclave realizado del 22 al 25 del mes y año en curso en Bogotá, Colombia, se analizaron riesgos y violencia contra periodistas en las Américas, sostenibilidad de los medios e impacto de la inteligencia artificial. Al tiempo de alertar acerca del retroceso democrático global. Asimismo, el acoso judicial o censura digital en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.

De igual forma, el impacto ético y económico de la inteligencia artificial en los medios de comunicación y la sostenibilidad de la prensa independiente, el acceso a la información y las trabas en fuentes públicas. Con hincapié en la seguridad de las y los periodistas. Así como, los entornos digitales, en ellos, el uso de plataformas con apariencia de medios de comunicación utilizados para fines que riñen con la ética, moral y buenas costumbres, entre ellos, difamar o chantajear.

IEnhorabuena! Saludamos esta resolución que fortalece el ejercicio de la libertad de expresión y difusión del pensamiento en la República Dominicana, máxime ahora que estrenamos un nuevo Código Penal, tras más de 142 años de debate. Poseedor de más de 70 nuevos tipos penales adaptados a este siglo de la conectividad: violencia de género, ciberacoso, ciberbullying, suplantación de identidad digital y difusión no consentida de contenido íntimo, estafas piramidales con criptomonedas.

En ese orden, captación ilegal de dinero y fraudes inmobiliarios, sustracción de celulares, desaparición forzada, genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, endurecimiento de sanciones por corrupción administrativa, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado y malversación de fondos.

Pero, consideró como un desafío las disposiciones del Código Penal relacionadas con la expresión pública (…) por sus posibles efectos restrictivos en la investigación periodística, la denuncia de asuntos de interés público y la crítica a funcionarios y otras personas con responsabilidades. Sin embargo, la SIP fue enfática al considerar que existe un creciente deterioro del ecosistema informativo digital, por lo que citó varios casos de periodistas dominicanos que durante el año han sido víctimas de violencia en el cumplimiento de su labor informativa. Lo mismo que, la falta de acceso a las fuentes oficiales y a la información pública.

“La desinformación, el contenido sensacionalista y las publicaciones deliberadamente lesivas han ganado presencia en la conversación pública y, en determinados espacios digitales, compiten por atención y alcance con contenidos producidos bajo estándares profesionales de verificación…, la expansión de plataformas, canales y cuentas digitales que ha ampliado el pluralismo informativo, además ha facilitado el uso de una apariencia periodística para difamar, intimidar, presionar o incluso chantajear a ciudadanos, empresarios, funcionarios y otras personas”.

La SIP destacó jurisprudencias del Tribunal Constitucional dominicano acerca de permanencia de información periodística en plataformas digitales, consideradas informaciones provenientes de fuentes oficiales, y de interés público, relevante para el equilibrio entre libertad de prensa, protección de datos y derecho al olvido, del cual se hizo alusión en escritos anteriores.

Como se ha indicado aunque en nuestro país lidera el robustecimiento del ejercicio de la libertad de prensa entre naciones hermanas, esta se encuentra amenazada por censura indirecta, desafíos tecnológicos, dificultades para el acceso a fuentes públicas, agresiones aisladas que sufren periodistas en coberturas y riesgos potenciales derivados de la buena norma y modificaciones legales, caso el nuevo Código Penal.

Hasta la próxima entrega.

La autora reside en Santo Domingo

Es educadora, periodista, abogada y locutora.

santosemili@gmail.com

Por: Emiliano Reyes Espejo
ere.prensa@gmail.com

(Parte III)

La mina de sal y yeso de Barahona, “una de las reservas de sal mineral más grandes de toda la región del Caribe y Centroamérica”, se diluye en un mar de vergüenza e indiferencia calculada de políticos, empresarios y “burócrata-técnicos” del Estado.

En tanto, los habitantes de Las Salinas, comunidad donde se asienta este monstruo de miles de toneladas de reservas salinas, mueren de enfermedades, insalubridad y miseria.

¿Es rentable industrializar estas inagotables reservas de sal? “Sí, es altamente factible y económicamente viable industrializar la sal de la mina de Las Salinas de Barahona, la cual está clasificada técnicamente por las autoridades dominicanas como un "gigante subutilizado" con un potencial masivo para la economía nacional”, afirman especialistas.

Estos expertos mineros aseguran igualmente que esta mina está en capacidad de “sostener procesos industriales continuos por más de dos siglos”.



¿Sal marina o sal gema?



Pero la paradoja de esta realidad es que, teniendo bien cerca esta portentosa mina de sal y yeso en Las Salinas, el Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE) ha informado que el presidente Luis Abinader dio su apoyo para la industrialización de la sal marina de Puerto Alejandro, Barahona, no así para explotar la montaña de sal gema que se yergue en las cercanías.

De eso hace precisamente dos años, o sea, fue en marzo de 2022. En esa ocasión se dio la instrucción para que una empresa privada y el ayuntamiento de Jaquimeyes se comprometieron a desarrollar un proyecto para procesar con fines industriales y comerciales la sal marina, en el puerto Alejandro.

Pero ahora, 24 meses después, surgen preguntas ¿en qué quedó ese proyecto que se estimó generaría más de 150 puestos de trabajos? ¿y la montaña de sal de Las Salinas para cuándo?

“A diferencia de las salinas de Baní o Montecristi que producen sal marina por evaporación solar, el yacimiento de Barahona es de sal gema (sal de roca mineralizada del subsuelo)”, comentan profesionales de la región.

Al respecto, señalan que la mina de sal y yeso de Las Salinas se sustenta en pilares fundamentales para su viabilidad industrial y comercial, como son un volumen excepcional, diversidad de aplicaciones industriales, sustitución de importaciones y existencia de mercados internacionales de deshielo en países fríos, como es el caso de Estados Unidos.

¿De cuánta sal estamos hablando? La Dirección General de Minería “estima que el yacimiento alberga entre 70 y 250 millones de toneladas métricas de sal gema”. “Esta cantidad convierte a la mina de Barahona en una de las reservas de sal mineral más grande de toda la región del Caribe y Centroamérica, con capacidad para sostener procesos industriales continuos por más de dos siglos”.



Alta pureza y concentración mineral



¿Qué uso se puede dar a toda esa cantidad de sal acumulada por largo tiempo en ese inmenso e inagotable macizo?

Se debe destacar primeramente que se trata de sal de “alta pureza y concentración mineral”, según se afirma. Eso garantiza, asimismo, que “el uso de la sal de esta mina va mucho más allá del consumo de mesa”.

En tal sentido, se debe significar que la reserva, estimada en 150 millones de toneladas métricas de sal gema, se puede utilizar en los sectores farmacéutico y médico para la “elaboración de sueros y soluciones especializadas”. También, esta sal es útil para el consumo universal y agropecuario mediante el aprovechamiento de la tecnología de refinamiento, la cual actúa y puede procesarse masivamente para consumo humano y nutrición animal”.

Igualmente se precisa destacar que la sal gema tiene un uso muy valorado en los mercados internacionales de deshielo, razón por la cual “su exportación es altamente codiciada en países con climas fríos (como el mercado norteamericano) para el derretimiento de nieve en carreteras durante el invierno”.



Aquí importamos sal y se tiene en demasía



Resulta inexplicable que el país, teniendo este material en demasía, sea importador neto de sal, se habla de que tenemos reservas de ese mineral que explotándolo asiduamente nos tomarías más de dos siglos para que se agote.

“Actualmente, la República Dominicana importa más de 120 mil toneladas métricas de sal refinada cada año (equivalente a más de 7 millones de dólares)”, según reporta el sector minero del Estado. “La industrialización de esta mina -agregan- permitiría suplir toda la demanda interna y revertir la balanza comercial”.

Se destaca en ese sentido, que “el puerto de Barahona fue diseñado originalmente en la década de 1950 con infraestructura pensada específicamente para la exportación a gran escala de esta sal y yeso, lo que reduce drásticamente los costos logísticos de exportación”.



Industrializar ¿el gran reto?



Es ostensible que los gobiernos de los últimos años plantearon en sus programas diversos planes de desarrollo para la región Sur, pero muchas veces estos no se orientan hacia producir beneficios que favorezcan a la mayoría de la población, sino que, casi siempre, se planifican para ayudar a intereses particulares.

Como ejemplos verificables se pueden señalar a esta mina de sal y yeso de Las Salinas y el arrendamiento “de por vida” del ingenio Barahona.

No obstante, sectores consultados afirman que en lo que respecta a los minerales, la explotación industrial de la mina de sal y yeso de Las Salinas, Barahona, es rentable y de innegable factibilidad técnica. Pero el Estado, sin embargo, no toma iniciativas para su aprovechamiento a favor de la región. Ha ocurrido todo lo contrario.

“El proyecto ha enfrentado históricamente trabas burocráticas y contractuales tras el proceso de disolución y capitalización de la antigua Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE)”.

Se precisa que, “mientras la colindante mina de yeso opera con normalidad a nivel industrial, la sección de sal gema ha permanecido bajo periodos de inactividad o explotación artesanal precaria”.

El yeso que se extrae ha servido para beneficiar a una poderosa cementera muy cercana a este y a otros gobiernos.

Se recuerda que en años anteriores en que la mina de Sal y Yeso era explotada intensamente y su producto exportado a través del muelle de Barahona, la comunidad de Las Salinas gozaba de un gran movimiento económico, se crearon plazas de trabajos no solo para los salineros, sino también para habitantes de las comunidades aledañas.

El Instituto del Yeso ¿para cuándo?

¿Cuándo volverá de nuevo esa época de bonanza a la comunidad de Las Salinas y a la provincia de Barahona con la explotación de su mina de sal?

En un anterior artículo sobre la situación en que están estas reservas minerales, expuse irónicamente que la comunidad de Las Salinas “carga sobre sus espaldas 800 millones de toneladas métricas de yeso, pero que el Estado era indiferente ante esa riqueza mientras los salineros padecen miseria y desolación”.

Y si a eso se le suman 250 millones de toneladas de sal gema la carga es todavía más pesada.

Precisé entonces que el yeso, en tanto, es explotado por una cementera privada que no aporta o aporta muy poco de los beneficios de esa riqueza a los pobladores de Las Salinas.

En esa oportunidad, sugerí la creación del Instituto del Yeso de Las Salinas.

Entiendo que una entidad de esa estirpe serviría como bastión cultural para formar artesanos que elaboren piezas del valioso mineral para fines ortopédicos y para creaciones de esculturas que se vendería a potenciales turistas llamados a visitar esas comunidades en el fragor del futuro auge del turismo en la región.

La creación de ese Instituto no ha tenido eco en las autoridades, ni municipales, ni provinciales, ni del gobierno. Les ha importado mucho menos a los diputados y senadores de la zona, los cuales viven pendientes a los jugosos beneficios que deja el cargo.

“El municipio de Las Salinas posee dos minas que deben equivaler a una enorme riqueza. Pero no es así. La explotación de estas reservas mineras más que generar progreso ha sumido a esta comunidad en la miseria”, señalé entonces.

En tanto, la cementera que extrae el yeso de Las Salinas para uso este mineral como materia prima y engrosa en sus arcas enormes dividendos.


El autor es periodista

Emiliano Reyes
www.ereprensa.blogspot.com

Por: Yoarem Monegro
@yoaremmonegro
Instagram / LinkedIn

(Artículo 28.1)

El armamentismo y narcotráfico frente a la geopolítica: una amenaza silenciosa a la soberanía nacional dominicana.

En la trilogía cinematográfica Búsqueda Implacable, el personaje de Liam Neeson enfrenta a redes criminales globales en EE. UU., Francia y Turquía. La premisa de la ficción, y también de la cruda realidad, es que todo gran crimen requiere cómplices locales que abran la puerta. Pero al abandonar la pantalla para mirar el corazón del Caribe, la amenaza ya no es el secuestro de un familiar: es el asedio sistemático a la soberanía de una nación.

Radiografía de una contradicción institucional

Según el reporte estadístico No. 170 de la Fuerza de Tarea Conjunta y la Policía Nacional, la República Dominicana registra en 2026 una tasa acumulada de homicidios de 4.37 por cada 100,000 habitantes y 241 casos de personas desaparecidas en los primeros ocho meses del año. Curiosamente, no hay registros oficiales de secuestros activos ni históricos; una anomalía criminológica en una región convulsa.

Sin embargo, según registros internacionales como The Global Economy, la tasa de secuestros en la República Dominicana se ha mantenido históricamente baja, con un promedio de 0.2 secuestros por cada 100,000 habitantes (muy por debajo del promedio mundial, que ronda los 2.3 por cada 100,000). En cuanto a la clasificación de la seguridad, organismos internacionales y agencias como el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos definen a Santo Domingo como un lugar de bajos niveles de riesgo en lo que se refiere a secuestros.

Por su parte, el Ministerio de Interior y Policía (MIP) reporta 245,396 armas legales en manos de civiles. No obstante, la vía formal es apenas la punta del iceberg. Por encima de los permisos legales, un tsunami de armamento de asalto e indumentaria militar circula sin control fiscal ni fronterizo, desafiando abiertamente la seguridad nacional.

La impunidad digital: mercado negro a un clic:

¿Quién regula las redes sociales y catálogos de WhatsApp donde el crimen se equipa a plena luz del día? En el Gran Santo Domingo, el armamento irregular y sin intermediarios se cotiza sin pudor: Carandai 9mm: RD$265,000 (caqui y negra).;Smith & Wesson 9mm (compacta, 13 cápsulas): RD$450,000.; Bersa (17 cápsulas / peine de 30): RD$450,000.; CZ 75 (17 cápsulas / peines de 15 y 30): RD$450,000.; Llama 9mm: RD$280,000.; Arcus (varios modelos): RD$370,000..

Los precios de las armas caseras son menores, dependiendo del modelo, las municiones, el fabricante y el sector en el que se intente realizar la compra, ya que no es el mismo precio en el sur que en Santo Domingo o en los barrios de la capital. A esta oferta se suma la venta libre de uniformes e insignias policiales y militares en comercios informales, dejando el camuflaje criminal en la modalidad de autoservicio.

De la capital a la frontera: el engranaje del transporte público:

El narcotráfico no solo abastece el microtráfico local; conecta al crimen organizado transnacional con las bandas del país vecino. La logística viaja a plena vista en el transporte interurbano. En la ruta desde Santo Domingo hacia el sudoeste, al cruzar San Cristóbal, el viaje en guagua se torna operativo: parada a parada, el cobrador recoge y carga pequeños paquetes en la unidad. Kilómetros más adelante aborda el encargado, hasta llegar a Elías Piña. Es una red de acopio metódica que opera bajo una ceguera institucional preocupante.

Tráfico de personas, Haití y los "faraones" intocables

En paralelo, el tráfico migratorio es un negocio redondo, vídeos virales muestran a indocumentados celebrando con cerveza y refrescando su imagen en peluquerías locales tras cruzar la frontera, justo antes de viajar a la capital. Mientras más del 90 % carece de estatus legal (a pesar de las restricciones dispuestas por el MIREX desde septiembre de 2022), surge la pregunta incómoda: ¿dónde están las condenas para los organizadores de viajes ilegales?

Mientras los operadores de campo actúan con soltura, los cerebros financieros y cobradores de peajes permanecen intocables en sus altares de impunidad, ejerciendo un poder casi faraónico. Todo esto ocurre mientras Haití, colapsado como Estado fallido, es escenario del secuestro de militares extranjeros y el despliegue multinacional. Parte del arsenal que alimenta esa violencia proviene de suelo dominicano, acopiado en cisternas subterráneas y falsos pisos en viviendas, según informaciones que circulan en las mismas redes sociales, listo para el trasiego. Agregar a esto, el informe de la ONU.

La República Dominicana no lidia con delincuentes comunes, sino con una red criminal sistémica donde el microtráfico en guaguas, el mercado negro de armas por WhatsApp y el tráfico de personas prosperan al amparo de la impunidad. Si las autoridades no desmontan las estructuras desde sus cabecillas hasta sus operadores, defender la soberanía será una batalla perdida. Sin un golpe certero a estos faraones, la búsqueda de seguridad no será más que un guion de ficción: tan implacable en la retórica como interminable en la práctica.

Sobre la autora

Es licenciada en Relaciones Internacionales posee Exequatur, maestría en Defensa y Seguridad Nacional, Maestría en Diplomacia, Postgrado en Geopolitica, especialista en Narcotráfico y Terrorismo internacional. Es docente, Asesora de Tesis para contenido.

Por: Martín Hoz, vicepresidente sénior de Ingeniería de Preventa de Fortinet América Latina y Caribe


Cada octubre, el Mes de la concientización en ciberseguridad nos devuelve a lo básico. Este año, lo básico tiene otra urgencia. La inteligencia artificial simplificó algo que antes exigía tiempo y oficio: encontrar, probar y aprovechar debilidades en código, configuración o procesos que ya existían. Muchas desde hace años e incluso con corrección disponible, pero no aplicada.

El Reporte del panorama global de amenazas 2026 de FortiGuard Labs de Fortinet lo plantea de forma directa: Las herramientas ofensivas con IA comprimen el tiempo necesario para validar y explotar la exposición que ya existe, haciendo posible en menos de 24 horas lo que antes tomaba semanas o meses. En una región donde los intentos de explotación crecieron casi 40 % en un año, esa idea debería ordenar las prioridades de cualquier equipo de seguridad.

Lo viejo no caduca

Solemos tratar las vulnerabilidades como noticias, aparecen, se publica el parche y el riesgo pasa. Pero la telemetría de FortiGuard Labs cuenta otra historia.

Según el reporte, la persistencia de la explotación -es decir, el tiempo que dura un atacante dentro de una red sin ser detectado- se relaciona más con el tiempo que tarda una organización en aplicar parches o ajustar configuración, que con la novedad de la falla. Una vez que una vulnerabilidad entra en los flujos automatizados de los atacantes, no envejece mientras la exposición siga ahí. Por eso fallas divulgadas hace años en componentes de software muy difundidos, en protocolos heredados para compartir archivos, y en la administración de routers o dispositivos IOT como cámaras e impresoras siguen dominando la actividad maliciosa.

Lo nuevo, por otro lado, se aprovecha cada vez más rápido. En periodos anteriores, la explotación solía aparecer alrededor de una semana después de que se divulgara una vulnerabilidad. En 2025, FortiGuard Labs observó de forma consistente que el tiempo de explotación pasó a un plazo de 24 a 48 horas, por delante de los ciclos tradicionales de parcheo. Las organizaciones quedan presionadas desde ambos extremos: la falla publicada esta semana y la que lleva cinco años sin corregirse en un dispositivo que nadie revisa. Todo, con los mismos recursos, presupuestos y personal.

Mitigado no es lo mismo que resuelto

Un parche cierra la puerta por la que entró el atacante. No necesariamente saca a quien ya entró ni invalida lo que se llevó. El reporte advierte que las credenciales, las rutas de acceso y la información sobre la infraestructura persisten mucho tiempo después del compromiso original. Se catalogan, se venden y se reutilizan para saltarse la etapa de descubrimiento e ir directo a la ejecución.

En la práctica, una exposición (vulnerabilidad o mala configuración) ya corregida puede seguir siendo útil para un atacante: las contraseñas robadas siguen funcionando si nadie las cambia; una solución temporal aplicada en plena emergencia puede desaparecer con un cambio de configuración. Una restauración desde respaldo o un equipo nuevo instalado con la plantilla de siempre mantiene exposición. Las cuentas que un intruso creó quedan activas hasta que alguien compara la configuración con una versión confiable. Un equipo sin soporte del fabricante no recibirá la próxima corrección. Los protocolos heredados que nadie desactivó y que el reporte identifica como deuda técnica son capaces de abrir rutas predecibles de movimiento lateral.

La IA cambia la economía de cada uno de estos escenarios. Probar miles de credenciales antiguas contra servicios expuestos, revisar configuraciones o encadenar fallas conocidas era trabajo que consumía horas de un operador entrenado. Hoy se puede delegar a una herramienta automática.

América Latina en la telemetría

Los datos regionales del reporte apuntan en la misma dirección. En 2025, los sensores de FortiGuard registraron cerca de 15 mil millones de intentos de explotación en América Latina, 39,85 % más que el año anterior. El reporte describe a la región como de menor volumen absoluto, pero con un crecimiento más rápido, consistente con una mayor conversión de exposición en explotación.

La cifra de botnets muestra el resultado. América Latina acumuló 2090 millones de detecciones de comunicaciones con infraestructura de comando y control, un alza de 12,05 % y la segunda cifra más alta del mundo, concentrada en México, Panamá, Venezuela, Brasil y Colombia. Cada una de esas detecciones corresponde a un equipo que ya fue comprometido y que hoy trabaja para alguien más.

El dato más revelador es otro. La región tuvo la mayor reducción anual de actividad de reconocimiento, pero el reporte no lo lee como un menor interés de los atacantes, sino como reutilización de datos históricos sobre activos expuestos una y otra vez. Los atacantes ya tienen el mapa. Si el servicio expuesto no cambió, si la contraseña no se rotó o si el firmware no se actualizó, ese mapa viejo sigue siendo exacto. El costo final aparece en el ransomware: 141 víctimas confirmadas en Brasil, 69 en México, 50 en Argentina y 41 en Colombia durante 2025, según la inteligencia de FortiRecon.
Higiene que sí cierra la puerta

Al igual que lavarse las manos para evitar contagios, la higiene puede ayudar a mantener sano un ambiente de cómputo. Ninguna de estas prácticas listadas abajo es nueva. Lo nuevo es que ahora ante la epidemia de vulnerabilidades la higiene se vuelve más importante que nunca. Entonces, ¿por dónde empezar?

1. Actualice siempre. Especialmente versiones recientes que quizá tengan incorporados arreglos a vulnerabilidades descubiertas por IA como parte del ciclo de calidad de los fabricantes. Quizá el más viejo de los consejos, pero también el más efectivo y a veces menos usado.

2. Parchear según la explotación, no solo según la severidad. Una falla calificada como media que ya se explota activamente merece más urgencia que una crítica que nadie ha logrado aprovechar. Los catálogos públicos de vulnerabilidades explotadas y las puntuaciones de probabilidad de explotación ayudan a ordenar la fila. El reporte propone, además, medir el tiempo de parcheo como un control de seguridad y tratarlo como un riesgo de negocio.

3. Cerrar el incidente completo, no solo la falla. Después de corregir una vulnerabilidad crítica en un equipo expuesto a internet, conviene cerrar las sesiones activas, rotar contraseñas y llaves, comparar la configuración con una versión confiable y buscar cuentas o accesos que nadie reconoce.

4. Autenticación multifactor en todo acceso remoto y administrativo. El reporte explica que la fuerza bruta tiene éxito por la reutilización de credenciales, la falta de límites de intentos y una aplicación inconsistente de MFA. Las tres se corrigen con configuración.

5. Sacar la administración del internet. Las interfaces de gestión deben ser accesibles solo desde redes y equipos de confianza.

6. Saber qué equipos ya no tienen soporte y qué mitigaciones dependen de una solución temporal. Lo primero define dónde no llegará el próximo parche. Lo segundo exige verificar después de cada cambio, restauración o equipo nuevo que la protección sigue activa. En la misma revisión, conviene desactivar los protocolos heredados que nadie usa.

Probar las propias defensas también rinde frutos. FortiGuard observó una relación inversa entre la frecuencia de las pruebas de penetración y el éxito del compromiso de identidades en la nube, por ejemplo.

Para los gobiernos y los operadores de servicios esenciales de la región, la higiene también es una decisión presupuestaria. Incluir el ciclo de vida del soporte en cada compra, y financiar la renovación antes de que un equipo quede sin actualizaciones, cuesta menos que responder a un incidente en un sistema que ya no tiene corrección posible.

La IA no vuelve obsoletas las prácticas básicas. Las vuelve más urgentes, porque reduce a casi nada el costo de encontrar a quien no las aplicó. Este mes, la pregunta útil para cualquier organización de la región va más allá de si instaló el último parche. También importa si las contraseñas, las configuraciones y los equipos que quedaron de incidentes anteriores siguen ahí, esperando a que alguien los pruebe.

Por: Wendy Carrasco de Arismendy
Periodista y educadora

¿Son las niñas y adolescentes responsables de involucrarse en relaciones amorosas a destiempo, contraer infecciones de transmisión sexual, vestir de determinada manera, exponerse en las redes sociales, quedar embarazadas o convertirse en víctimas de maltratos, abusos sexuales y feminicidios? Son algunas de las tantas preguntas que me hago cada vez que conozco una de estas historias a través de los medios de comunicación, las redes sociales o, sencillamente, cuando observo lo que ocurre en el entorno donde vivimos.

Me preocupa lo que estamos permitiendo como sociedad. Lo veo desde mi condición de periodista, cuando una noticia revela la vulnerabilidad de una menor; como educadora, cuando observo situaciones que afectan a nuestras estudiantes en las escuelas y liceos; y como madre, cuando pienso en las niñas que deberían estar viviendo una etapa de sueños, aprendizajes, juegos y descubrimientos, pero que, en cambio, enfrentan realidades para las cuales no están preparadas.

Me duele pensar en esas niñas que llegan a las maternidades con sus cuerpos todavía en desarrollo, algunas enfrentando complicaciones que ponen en peligro sus vidas. Niñas que, cuando deberían estar concentradas en sus estudios, se encuentran cargando con la responsabilidad de criar a otro ser humano, sin contar con la preparación física, emocional ni económica necesaria. Y me pregunto: ¿dónde estaban los adultos que debían protegerlas? ¿Quién les habló de sus derechos, de los riesgos, del respeto a sus cuerpos y de la importancia de aprender a reconocer situaciones de abuso?

Pero hay algo que me preocupa todavía más: escuchar a mujeres expresarse con desprecio sobre niñas y adolescentes que atraviesan estas situaciones. He escuchado frases tan crueles y discriminatorias que prefiero no reproducirlas en este artículo. Me resulta doloroso que seamos nosotras mismas, las mujeres, quienes en ocasiones levantemos el dedo acusador contra una menor, sin detenernos a pensar en su historia, sus carencias, sus miedos o las circunstancias que la llevaron hasta allí.

¿En qué momento comenzamos a responsabilizar a las niñas por las conductas de los adultos? ¿Desde cuándo la forma de vestir de una adolescente se convirtió en justificación para el acoso, la violencia o el abuso? Una niña no deja de ser niña porque su cuerpo se desarrolle antes de tiempo, porque utilice maquillaje, porque publique fotografías en las redes sociales o porque un adulto decida mirarla como mujer. La responsabilidad de respetar los límites, proteger su integridad y no aprovecharse de su vulnerabilidad corresponde, ante todo, a quienes tienen la madurez y el deber de hacerlo.

Tampoco podemos ignorar el papel de las familias. Hay hogares donde falta orientación, acompañamiento, comunicación y vigilancia responsable. También existen niñas que crecen en ambientes marcados por la violencia, el abandono, la pobreza o la ausencia afectiva. No se trata de condenar a los padres ni de desconocer los esfuerzos de tantas familias que hacen lo posible por educar a sus hijos, sino de reconocer que la crianza exige presencia, escucha, formación en valores y una responsabilidad que no podemos delegar por completo en las escuelas.

Como educadora, considero que nuestros centros educativos tienen una responsabilidad fundamental en la prevención. No basta con impartir contenidos curriculares y evaluar aprendizajes. Necesitamos escuelas capaces de escuchar, orientar, identificar señales de violencia y actuar oportunamente. La educación debe contribuir a formar niñas que conozcan sus derechos, valoren su dignidad y comprendan que nadie tiene autoridad para violentar sus cuerpos, manipular sus emociones o arrebatarles sus oportunidades.

Nuestro país cuenta con instrumentos legales que reconocen la protección especial que merecen la niñez y la adolescencia. La Ley núm. 136-03 establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. Asimismo, la Ley núm. 1-21 prohíbe el matrimonio de personas menores de 18 años. En el ámbito internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño compromete a los Estados a proteger a esta población frente a toda forma de violencia, abuso y explotación sexual. Sin embargo, ninguna disposición legal será suficiente si sus principios no se traducen en prevención, protección efectiva y consecuencias para quienes vulneran estos derechos.

También debemos revisar el contenido que consumen nuestras niñas y adolescentes, los mensajes que reciben en las redes sociales y los modelos de conducta que, muchas veces, presentamos como símbolos de éxito, belleza o aceptación. Pero cuidado: orientar no significa humillar, vigilar no significa violentar y corregir jamás debe convertirse en una excusa para destruir la autoestima de una menor. La prevención debe construirse desde el respeto, el diálogo y el acompañamiento.

Sé que nuestros niños y adolescentes varones también enfrentan carencias, violencia y antivalores que están afectando profundamente a la sociedad dominicana. Esa realidad merece atención. Sin embargo, hoy he querido detener mi mirada en nuestras niñas, particularmente en aquellas que están siendo tratadas como mujeres por adultos que deberían reconocerlas como menores de edad y respetar su etapa de desarrollo. Porque cuando una niña pierde su tranquilidad a causa del abuso, cuando abandona sus estudios por un embarazo temprano o cuando su vida es arrebatada por la violencia, no estamos frente a una simple noticia: estamos frente a una dolorosa responsabilidad colectiva.

Como mujer, educadora, periodista y, sobre todo, como madre, no puedo permanecer indiferente. Mi llamado no es a señalar ni a condenar a nuestras niñas, sino a despertar la conciencia de una sociedad que muchas veces juzga a las víctimas con mayor severidad que a quienes les hacen daño. Necesitamos familias más presentes, instituciones más comprometidas, escuelas más sensibles, medios de comunicación más responsables y una justicia que proteja oportunamente a quienes todavía no tienen la capacidad de defenderse por sí mismas.

¿Hasta cuándo vamos a permitir que se siga destruyendo la inocencia con la que debe crecer una niña? ¿En qué estamos fallando como sociedad cuando un adulto mira a una menor como si fuera una mujer? Me resisto a creer que todo está perdido. Todavía estamos a tiempo de escuchar, orientar, proteger y rescatar a muchas niñas de las manos de quienes pretenden arrebatarles su dignidad, sus sueños y su futuro. Porque ninguna niña debería cargar con la culpa de una violencia que no provocó, ni perder su infancia por la irresponsabilidad de quienes tenían el deber de protegerla.

Por: Yoarem Monegro
@yoaremmonegro
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Artículo 28

Sub título: De las calles de RD a la primera línea del Donbás: la red de engaños que envía dominicanos a morir en el frente ruso.

Según Peter W. Singer, politólogo y estratega estadounidense, divide al mercenario tradicional de lo que son las Empresas Militares y de Seguridad Privada, explicando que el mercenario histórico es un actor temporal, desorganizado y motivado por un botín a corto plazo. Sin embargo, las estructuras modernas como son los contratistas o grupos como por ejemplo Wagner se encargan de operar como una especie en el mercado de corporaciones legales de los negocios bélicos a largo plazo.

En el Derecho Internacional, Protocolo I de los Convenios de Ginebra, Artículo 47: define jurídicamente al mercenario bajo criterios estrictos y acumulativos: describe que debe ser reclutado especialmente para combatir, tomar parte directa en las hostilidades, estar motivado por el lucro personal y no ser nacional de ninguna de las partes en conflicto. No obstante, si el país extranjero les otorga un pasaporte o los integra formalmente a su ejército regular como el caso de Rusia con algunos extranjeros, técnicamente escapan de la clasificación internacional de mercenarios para eludir sanciones.

Los Convenios de Ginebra son la norma jurídica internacional más importante e influyente para definir a un mercenario porque principal consecuencia legal es drástica aquí: un mercenario no tiene derecho al estatus de combatiente legítimo ni a ser considerado Prisionero de Guerra, en caso de captura.

Bailando pegaditos en el Limbo

Existe un vacío de la integración militar, porque si un Ministerio de Defensa de un país extranjero, como ha sido el caso de Rusia en diversas ocasiones, obliga a los reclutas a firmar contratos que los asimilan formalmente como miembros de sus fuerzas armadas regulares, automáticamente dejan de cumplir el criterio. Al pasar a ser legalmente soldados de ese país, esquivan la etiqueta internacional de mercenarios ante los Convenios de Ginebra.

Sin obviar la trampa sustanciosa de un gran sueldo en un supuesto trabajo fácil, algo que dominicanamente sabemos el resultado, pero que: cuando se quiere dinero muchas veces no se piensa en las consecuencias, este ha sido el caso de muchos dominicanos que han viajado de manera ilegal, valiéndose de cuantiosas sumas para pagar por viajes de yolas, por avión, otros por tierra par cruzar diversas fronteras de América hasta llegar a USA.

Ahora, hay que demostrar jurídicamente que a un extranjero se le prometió un pago sustancialmente excesivo en comparación con los soldados locales de su mismo rango, es sumamente complejo para los tribunales internacionales. Mucho más cuando los Estados no fueron partes, se firmó voluntariamente, se reciben recursos de parte de las familias, y allá ellos de una manera u otra hasta se les permite un medio de comunicación, alimentación, descanso y estadía.

Dentro del cumplimiento de los derechos humanos se ha comprobado que se les da además servicio de salud, por lo que en cierta parte si llevamos la cuenta este juego esta 5 para Rusia 0 para los caribeños, llevando la ventaja el conflicto en el Donbás.

Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, MIREX:

El canciller Víctor Bisonó aclaró formalmente que las investigaciones de la Cancillería, que ya da seguimiento a los primeros 20 casos documentados, confirmando que los ciudadanos suscribieron contratos de servicio militar de manera libre, voluntaria e individual, redactados y rubricados tanto en español como en ruso.

Quienes sí enfrentan penas graves de cárcel son los intermediarios en caso de ser localizados y desmantelada esa estructura de acuerdo a las normas y leyes de República Dominicana. De su parte, las autoridades dominicanas mantienen investigaciones activas y ya han ejecutado detenciones en otros casos, contra miembros de redes de reclutamiento clandestinas que operan desde Santo Domingo.

En el caso de estos organizadores si los agarran se les procesa bajo cargos de tráfico ilícito de personas y reclutamiento militar ilícito, delitos severamente sancionados por las leyes nacionales e internacionales.

Paradojas de la Vida:

Mientras las familias suplican una intervención milagrosa, la firma individual en los contratos en Rusia ha dejado al MIREX en un laberinto diplomático con muy poco poder de reclamo, dejando a los dominicanos a expensas de la justicia militar rusa o de una trágica muerte en el frente, mientras en RD, la ley sólo puede castigar a las mafias locales que los enviaron hacia allá.

De igual manera, las familias protestan y se lucran de los recursos que reciben, y por otro lado los mercenarios se quejan de las condiciones, pero viven el día a día con prácticamente estilo social como si ir a la guerra fuera un parque de diversiones, compartiendo desde las comidas, variedad de acciones, situaciones hasta los paisajes y otros contextos.

El contraste con los casos de militares académicos y profesionales que han ido a otras guerras, lo sucedido poco divulgado, quedando muchos actos como información clasificada y para estos el haber sido enviados por un Estado es cuestión de honor y cumplimiento, en tanto que para los mercenarios luego de haber llegado voluntariamente solicitan ser rescatados. Lo cierto es que, la garantía de vida dentro es mínima.

La probabilidad de retorno por negociación no es viable por asuntos de acuerdos internacionales y los Estados como tal no fueron ambas partes, en tal sentido la limitación como Estado a República Dominicana es casi completa.

La música popular inmortalizó el tema en El Muelle de San Blas, de la destacada agrupación Maná, en la que cuentan una historia de la vida real versando sobre el dolor de la espera eterna, una mujer que vestida de novia vio partir a su amado pescador y jamás volvió a verlo, entre éstas distancias el mar representa ser en esta narrativa el conflicto en Donbás en el que las familias de los mercenarios caribeños que están en el frente ruso se encuentran condenados a convertirse en las nuevas Rebecas de San Blas de la geopolítica moderna.

A diferencia del pescador que se fue buscando el sustento de familia, estos dominicanos caminan armados por la promesa del rublo y por la ilusión de un supuesto estatus legal, que nunca será, se adentrar en el inhóspito y sangriento escenario del Donbás.

El resultado sociológico será idéntico, aunque no parezca, porque como familia están luchando entre el olvido y la incertidumbre. En una guerra hay una parte que no se ve y que si la viven los combatientes quienes sean que están: mercenarios, militares y todos los demás vinculados y es que padecen el desgaste donde los cuerpos se vuelven polvo, bajo artillería bastante pesada, armas de última generación y tecnología que es normal en estos tiempos.

Agregan a esto que el Estado ruso según su propia historia en pocas ocasiones reparte los cuerpos o restos de un soldado, combatiente o mercenario que decidió ir a la fortuna. (Recordar que no tienen identificación por lo que a la hora de solo serán cuerpos irreconocibles).

Tanto en los barrios de las familias de República Dominicana, quizás algunos casos de familiares de la diáspora una cosa sí es segura y es que habrán altares o ataúdes con sus fotos, teléfonos con mensajes que un día no van a ser respondidos y llamadas no contestadas, y estas familias quedarán como la Rebeca del San Blas, locos esperando y sumidos en el pasado de los recuerdos de lo que pudo ser y no fue. Serán aquellos mercenarios un fantasma que se tragó la estepa europea.

Legalidad Dominicana

El Artículo 28 del Código Penal dominicano establece de forma textual:

"La condenación a las penas de trabajos públicos, detención o reclusión, lleva consigo la degradación cívica. Se incurre en esta pena, desde el día en que la sentencia es irrevocable".

Si la justicia dominicana llega a procesar penalmente a aquellos individuos que de manera consciente actúen como combatientes mercenarios de una potencia extranjera, siempre y cuando se demuestra su implicación con el crimen organizado transnacional al regresar, la aplicación de penas graves de reclusión activaría de forma automática este artículo.

Para pensar.. De lograrse un retorno:

¿Qué estilo de vida puede llevar una persona que decidió y asumió a nivel internacional ser mercenario?

¿Es una garantía para el país el retorno de los mercenarios en un momento en que el crimen organizado está a la orden del día?

¿Aceptarían las familias que sean tratados y juzgados estos mercenarios por crimen transnaccional como tipifica la ley para estos casos ?

Sobre la autora

Es Licenciada en Relaciones Internacionales posee Exequatur, maestría en Defensa y Seguridad Nacional, Maestría en Diplomacia, Postgrado en Geopolitica, especialista en Narcotráfico y Terrorismo internacional. Es docente, Asesora de Tesis para contenido.