
Por: Braulio José Féliz Cabrera, General en retiro, Policía Nacional.
En un escenario internacional cada vez más fragmentado, donde los conflictos armados activos superan el centenar y las tensiones entre potencias reconfiguran el equilibrio global, la República Dominicana no permanece aislada. Aunque geográficamente distante de los principales teatros de guerra, el país se encuentra profundamente conectado a sus efectos a través de la economía, la seguridad, el comercio y la estabilidad social. Lo que ocurre en Europa del Este, Medio Oriente o África no es ajeno: llega al Caribe en forma de precios, incertidumbre y presión estratégica.
El impacto más inmediato se siente en el ámbito económico. Las guerras, especialmente aquellas que involucran rutas energéticas clave o grandes productores de hidrocarburos, provocan alzas en el precio del petróleo, el gas y los costos logísticos globales. Informes de organismos como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) advierten que las disrupciones en rutas marítimas —como el Mar Rojo— han incrementado los costos de flete entre un 30 y 70% en algunos tramos estratégicos. Para un país importador de insumos para generar energía como República Dominicana, que importa el 100% de los combustibles que consume, esto se traduce en mayor presión sobre el gasto público, inflación importada y aumento del costo de vida.
Sin embargo, el escenario no es únicamente adverso. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que economías como la dominicana podrían beneficiarse de procesos de relocalización productiva (nearshoring), captando inversiones que buscan estabilidad fuera de zonas en conflicto o tensión geopolítica. De hecho, de acuerdo con el Banco Central de República Dominicana el país mantuvo un crecimiento promedio alrededor del 5% anual en la última década, aunque en el pasado 2025 alcanzó un 2.1 a 2.2% de acuerdo con informes preliminares, posicionándose entre las economías más dinámicas de América Latina. En este sentido, el país tiene una oportunidad estratégica para consolidarse como un hub logístico, industrial y de servicios en el Caribe.
El comercio internacional también enfrenta tensiones. Las cadenas de suministro globales han demostrado fragilidad ante conflictos prolongados, lo que impacta directamente en sectores clave como zonas francas, manufactura y abastecimiento interno. En República Dominicana, las zonas francas representaron aproximadamente el 62% al 67.7% de las exportaciones totales en 2024 - 2025, y en 2024 representó un valor de unos 8,400 a 8,600 millones de dólares, por lo que cualquier alteración en los flujos globales puede tener efectos significativos en empleo, producción y divisas. Retrasos, encarecimiento de insumos y volatilidad en mercados internacionales obligan a repensar la dependencia de rutas y proveedores únicos. Aquí surge una lección clave: la diversificación ya no es opcional, sino una necesidad de seguridad económica.
El turismo, principal motor de la economía dominicana, también se encuentra expuesto. Aunque el país ha demostrado resiliencia —con cifras récord de 11.6 millones de visitantes en 2025—, este sector depende de la estabilidad económica de los países emisores y del costo del transporte aéreo. El turismo representa entre el 16 y 20% del PIB y más del 20% de las divisas, por lo que una desaceleración global derivada de conflictos podría impactar directamente los ingresos nacionales.
Un elemento clave, muchas veces subestimado en el análisis geopolítico, es el papel de las remesas. Estas constituyen uno de los pilares de la estabilidad económica y social del país. Según el Banco Central, la República Dominicana recibió más de 11,800 millones dólares en remesas en 2025, con un crecimiento de un 10% con relación al 2024, lo que equivale aproximadamente entre un 9 y un 10% del PIB. Más del 80% de estas remesas provienen de Estados Unidos, lo que evidencia una alta dependencia de la situación económica de ese país. En contextos de crisis global, inflación o recesión en Estados Unidos y Europa, la capacidad de envío de la diáspora dominicana puede verse afectada, impactando directamente el consumo interno, la estabilidad de miles de hogares y el dinamismo de sectores como comercio y construcción. En otras palabras, las remesas son un amortiguador, pero también una vulnerabilidad estructural frente a choques externos.
En el plano social, los efectos son más silenciosos, pero no menos profundos. La inflación, la incertidumbre global y la presión migratoria —especialmente desde Haití— pueden generar tensiones internas. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Haití enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes, con más de 1.4 millones de desplazados, lo que incrementa la presión sobre la frontera dominicana y plantea desafíos en términos de seguridad, salud y cohesión social.
En materia de seguridad, el contexto global favorece la expansión de redes criminales transnacionales. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha advertido que las rutas del narcotráfico y tráfico de armas tienden a fortalecerse en entornos de inestabilidad global. Para un país con puertos estratégicos y alta conectividad marítima, esto representa un desafío directo a sus capacidades de control y vigilancia, especialmente considerando que el Caribe es una de las principales rutas de tránsito de drogas hacia Norteamérica y Europa.
En medio del actual contexto geopolítico, el tema de los fertilizantes se ha convertido en un factor silencioso pero determinante para la seguridad alimentaria de República Dominicana. Los conflictos internacionales han afectado directamente la producción y exportación de insumos clave como la urea, el potasio y los fosfatos, muchos de ellos provenientes de regiones en tensión como Europa del Este y Asia. Esto ha provocado incrementos de precios que, en algunos casos, han superado el 40 y hasta el 100% en períodos recientes, impactando de forma directa los costos de producción agrícola.
Para un país que depende en gran medida de la importación de fertilizantes, esta situación se traduce en mayores gastos para los productores, reducción en los niveles de siembra y, en consecuencia, riesgos para la estabilidad de la producción nacional de alimentos.
Sin embargo, este desafío también representa una oportunidad estratégica: impulsar políticas de apoyo al agricultor, fomentar el uso de fertilizantes orgánicos, fortalecer la producción local de insumos y avanzar hacia una mayor soberanía agroalimentaria. En este escenario, garantizar el acceso a fertilizantes a precios razonables no es solo una medida económica, sino una decisión de seguridad nacional que impacta directamente la mesa de cada familia dominicana.
Es en este contexto que cobra especial relevancia el discurso pronunciado por el Presidente Constitucional de la Republica Luis Abinader, el pasado 22 de marzo. En su intervención, el mandatario hizo énfasis en la creciente inestabilidad geopolítica, especialmente en Oriente Medio, que ya está impactando la economía global y tendrá efectos directos en el país, principalmente a través del alza del petróleo y el encarecimiento del costo de vida. Frente a este escenario, aseguró que el país cuenta con bases macroeconómicas sólidas para enfrentar la coyuntura, al tiempo que anunció medidas orientadas a mitigar el impacto, como el uso más eficiente del combustible, el monitoreo de los mercados y la promoción de prácticas como el teletrabajo. En su mensaje, enfatizó la vulnerabilidad de las economías abiertas ante crisis externas, pero también hizo un llamado a la unidad, la prudencia y la responsabilidad colectiva como pilares para preservar la estabilidad nacional.
El discurso presidencial se alinea con una realidad incuestionable: la República Dominicana debe transitar de una postura reactiva a una estrategia proactiva. No basta con resistir los efectos del entorno global; es necesario anticiparlos, adaptarse y capitalizar oportunidades.
Con relación a Haití, el Presidente Abinader ha mostrado una postura firme frente a la crisis de ese país, destacando que República Dominicana no puede ni asumirá la carga de la situación haitiana, aunque sí reconoce la gravedad humanitaria y de seguridad que viven en este momento. También ha dejado claro que la solución a la crisis haitiana debe ser liderada por la comunidad internacional, no por República Dominicana, y que su gobierno ha asumido el compromiso de reforzar la seguridad fronteriza, controlar la migración irregular y proteger la soberanía nacional.
En este sentido, entendemos que el país debería enfocar su estrategia en cinco ejes fundamentales:
Primero, la seguridad energética, impulsando la diversificación de fuentes, el desarrollo de energías renovables y la reducción de la dependencia externa.
Segundo, el fortalecimiento de la seguridad nacional, especialmente en la frontera, mediante tecnología, inteligencia y cooperación internacional.
Tercero, la diversificación económica y comercial, reduciendo la dependencia de mercados específicos y fortaleciendo la resiliencia de las exportaciones.
Cuarto, el blindaje institucional contra el crimen organizado, incluyendo inversión en ciberseguridad, control portuario e inteligencia financiera.
Y quinto, una diplomacia estratégica, que permita a República Dominicana mantener equilibrio en sus relaciones internacionales sin comprometer su soberanía.
En conclusión, el mundo atraviesa una etapa de redefinición profunda. Las guerras actuales no solo se libran con armas, sino también con energía, comercio, información y poder estratégico. La República Dominicana, aunque no es protagonista de estos conflictos, sí es parte de sus consecuencias. La clave estará en cómo el país interprete este momento histórico: como una amenaza que gestionar o como una oportunidad para consolidarse como una nación resiliente, estratégica y preparada para el futuro.






































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