Por: Emiliano Reyes Espejo
ere.prensa@gmail.com Ha causado gran impacto en sectores sensibles, especialmente entre expertos y especialistas ambientales, y pueblo en general, el decreto 615-26 del presidente Luis Abinader destinado a “combatir los delitos contra los parques nacionales y castigar con dureza las agresiones a los recursos naturales”.
La medida llega justo cuando se prende la alarma de la deforestación en el territorio nacional. Ocurre en un momento en que se multiplican los incendios en nuestras montañas estratégicas.
“Sólo en los últimos 10 años, se estima que República Dominicana ha perdido entre 200 mil y 300 mil hectáreas de bosque, lo que representa entre un 9 y un 14% de su cobertura boscosa total”, advierten organismos mundiales de vigilancia forestal, según recoge la prensa local.
La situación es preocupante, al margen de fenómenos como El Niño, que según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) podría extenderse hasta febrero de 2027 y causaría peligrosas sequías en el país. Los informes que recoge la prensa “proyectan una reducción de precipitación de hasta el 20%, lo que intensificará la crisis hídrica, afectando gravemente la disponibilidad de agua para la vida”.
De hecho, ya registramos una alerta. Olmedo Caba, director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), acaba de informar que “las presas están entre un 55 y 60% de sus capacidades a nivel general”. ¿Qué implica eso? Que habrá que racionalizar el agua, no solo la de consumo previsto, sino también la de riego y usos industriales.
En ese sentido, el Comité de Operación de Presas y Embalses (COPRE) “mantiene la racionalización del despacho de agua para la agricultura y el consumo debido a un déficit de lluvias pronosticado para el trimestre”, pero que podría extenderse hasta el próximo año.
O sea, no fueron sólo los fuegos forestales los que provocaron las alarmas y preocupaciones en la Presidencia de la República. Es que el país enfrenta, además, una persistente sequía y la inconsciencia de sectores que se inclinan, por diversas razones, a dañar los bosques.
El decreto está cojo ¿Fue esta preocupante realidad la que impulsó el decreto que busca combatir los delitos forestales en los parques nacionales? Es posible.
Pero ¿falta algo para completar el decreto del presidente Abinader? ¿acaso está cojo y le falta “una pata” a este decreto que puede marcar el inicio de una lucha frontal contra el “terrorismo forestal? Creemos que sí, que está cojo, y nos explicamos.
Esta medida “contra el terrorismo de montaña” que acertada y oportunamente emitió el presidente Abinader, necesita un componente socio-económico que, según aprecian observadores, podría causar un mayor impacto positivamente en la vida de muchas personas que viven en las zonas montañosas.
El deterioro de las montañas es un fenómeno progresivo. Y ante esa realidad, creemos llegado el momento oportuno para aplicar la medida presidencial, no obstante, el vendaval de críticas, algunas deplorables.
Diez años de pérdidas de bosques Según la organización Global Nature Watch, en su informe “Horizonte de la vigilancia global de la naturaleza”, la media isla tiene diez años continuos de pérdidas de bosques. Afirma que “desde 2002 hasta 2025, República Dominicana perdió 27 kha (o hectárea que equivale a 10, 000 metros cuadrados (m2) de bosque primario húmedo, lo que implica 7.0% de su pérdida total de cobertura arbórea…”. “El área total de bosque primario húmedo en República Dominicana disminuyó en 9.0% en este periodo de tiempo”, agrega.
En cuanto a la pérdida de cobertura arbórea, la Global Nature señala igualmente que “en República Dominicana, de 2001 a 2025, el 79% de la pérdida de cobertura arbórea se produjo en zonas en las que las principales causas de la pérdida provocaron deforestación”.
Entre los factores que impulsan la deforestación están las materias primas duras, agricultura permanente, asentamientos e infraestructura, explotación forestal, otros trastornos naturales, incendio forestal y agricultura itinerante.
“Desde 2021 hasta 2025, el 99% de la pérdida de cobertura arbórea en República Dominicana se produjo dentro del bosque natural. La pérdida total en el bosque natural fue de 66 hectáreas, que equivale a 31 Mt de emisiones de CO2e”.
Expansión agrícola y tala ilegal La expansión agrícola y la tala ilegal constituyen las principales causas de la deforestación en el país. En ese sentido, las últimas investigaciones establecen que la expansión agrícola “representa más de la mitad de la pérdida de bosques por la ganadería y la agricultura de subsistencia”, mientras la tala ilegal “destruye árboles para extraer madera o fabricar carbón vegetal”.
Igualmente, los incendios forestales contribuyen a reducir “la capa vegetal, afectando zonas protegidas como Valle Nuevo”. En tanto, la construcción de casas, caminos e infraestructuras reduce el terreno verde.
La deforestación, para desgracia de todos, tiene sus consecuencias, como la escasez de agua, se secan los ríos, disminuye el nivel de agua en las presas, se erosiona el suelo, provoca deslizamientos, lluvias fuertes e inundaciones; mientras se destruyen los hogares naturales de muchas especies nativas.
Críticas y apoyos Contrario a lo esperado, el decreto del presidente Abinader, el 615-26, en el que se declara de “alto interés nacional el combate al “terrorismo ambiental” y endurecer la persecución de delitos en parques nacionales”, no ha suscitado todo el respaldo que merece una medida de tanta importancia.
En cambio, ha despertado un mar de críticas, pero también de respaldo. Las críticas “se centran en la redundancia normativa y la falta de recursos operativos previos”.
Entre los cuestionamientos está que el decreto prohíbe lo que ya es ley. “Sectores de oposición (como el partido Fuerza del Pueblo) han señalado que el decreto busca prohibir y sancionar conductas que ya están tipificadas y prohibidas en legislaciones vigentes como la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y la Ley 202-04 de Áreas Protegidas”.
También, se plantea la falta de inversión real. En ese aspecto, algunos “críticos y ambientalistas argumentan que emitir nuevas normativas o etiquetas punitivas no sustituye la necesidad de invertir mayores recursos económicos en el sector”. Estos sectores reclaman, asimismo, mejor equipamiento, tecnología de vigilancia y significación salarial para guardaparques, guardabosques y bomberos forestales”.
Igualmente, “diversos actores sociales y legisladores advierten que la medida corre el riesgo de quedarse en el papel (“engavetada”) si no se acompaña de una fiscalización real, continua y transparente que evite la impunidad de infractores locales o de quienes los patrocinan.
Particularmente, creemos que este decreto merece un sólido apoyo de todos los sectores, aunque entendemos, además, que está incompleto, que “le falta una pata”, carece del componente de impacto social que reivindique a sectores olvidados de la sociedad.
¿A qué nos referimos específicamente? 1. a) A que el gobierno se apreste a emitir otro decreto similar 615-26, mediante el cual se conforme una “Comisión Especial” en el marco de la Política Nacional para la Prevención y Combate del Terrorismo Medioambiental. Dicha Comisión sería supervisada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN o MARENA) y serviría para implementar programas masivos de siembras forestales en las áreas de bosques que han sido devastadas.
2. b) Dotar de recursos, logísticos y tecnológicos a dicha Comisión, a los fines de reclutar “brigadas de jóvenes” que se dediquen a las siembras masivas de plantas en las montañas. Los reclutamientos servirán (impacto social y económico) para paliar el déficit de empleos en sectores juveniles de las zonas rurales del país.
3. c) Contemplar la creación de un Programa Nacional de Viveros Forestales para suplir las plantas que demanden los planes de reforestación. Los mismos podrían ser patrocinados por sectores empresariales e instituciones como el Banco Central, Superintendencia de Bancos, Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) mediante acuerdos y alianzas estratégicas con el Estado, lo cual incluye reconocer como aportes fiscales sus gastos en los viveros.
4. Igualmente, poner en marcha un Plan para gestionar apoyo y asesoramiento técnico de países que han desarrollado programas exitosos de reforestación, especialmente Costa Rica, en la región de Centroamérica; Israel, del Medio Oriente y la República Popular China, de Asia.
El autor es periodisttaEmiliano Reyes
www.ereprensa.blogspot.com
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