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Adolfina Mejia
marzo 30, 2026
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Por: Ramón A. Rodríguez Veras
Hay ideas que seducen porque parecen simples. La de construir una cárcel en Isla Beata es una de ellas. En un país cansado de ver motines, hacinamiento y estructuras penitenciarias desbordadas, la imagen de una prisión aislada, rodeada de agua y lejos de los centros urbanos, puede sonar, a primera vista, como una respuesta firme. De hecho, la Cámara de Diputados aprobó recientemente una resolución para solicitar al Poder Ejecutivo la construcción de una penitenciaría en la isla con capacidad para 10,000 reclusos.
El problema es que una decisión de esa magnitud no puede evaluarse con el reflejo emocional del “mano dura”. Hay que medirla con criterios de costo, legalidad, operación y resultado. Y cuando se hace ese ejercicio, la propuesta empieza a perder brillo. La crisis penitenciaria dominicana es real: a marzo de 2025 el sistema albergaba 24,671 personas para una capacidad instalada de 15,701, una sobrepoblación de 157.13 %. Esa presión explica por qué la idea encuentra eco. Pero una cosa es identificar bien el problema y otra muy distinta escoger bien la solución.
Quien defiende el proyecto suele partir de una premisa comprensible: una isla facilita el control, dificulta las fugas y permite separar internos de alta peligrosidad. Ese argumento no es disparatado. El aislamiento físico puede servir para un segmento muy reducido del sistema, sobre todo cuando se trata de cabecillas que siguen dirigiendo delitos desde prisión. Pero convertir esa lógica excepcional en política general sería un error costoso. Una prisión de 10,000 personas en una isla remota no sería solo una cárcel, sería un gigantesco aparato logístico que habría que alimentar, medicar, abastecer y proteger todos los días del año.
Ahí está el primer gran obstáculo. El Estado dominicano no tendría que construir únicamente celdas. Tendría que sostener una operación permanente de transporte de personal, alimentos, medicamentos, combustible, equipos, mantenimiento y respuesta médica en un punto insular. En el papel, la idea puede lucir enérgica; en la práctica, puede convertirse en un barril sin fondo. Y mientras más lejos esté el recinto, más difícil será supervisarlo bien, garantizar servicios continuos y reaccionar con rapidez ante una emergencia, un motín o un evento climático severo. En el Caribe, esa no es una preocupación teórica.
El segundo problema es jurídico y ambiental, y no es menor. Isla Beata forma parte del Parque Nacional Jaragua, una de las áreas protegidas más valiosas del país. El propio Ministerio de Medio Ambiente identifica a Jaragua como un espacio de ecosistemas secos, humedales, aves acuáticas y anidamiento de tortugas. Por eso la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas rechazó la propuesta y advirtió que el uso de suelo requerido para una penitenciaría es incompatible con los fines de conservación del área. Aquí no se trata de romanticismo verde. Se trata de que una obra de este tamaño nacería, desde el primer día, bajo sombra legal, ambiental y reputacional.
Tercero: una cárcel moderna no se mide solo por sus muros, sino por lo que logra con las personas que encierra. Las Reglas Nelson Mandela reconocen el valor del contacto con la familia y del tratamiento orientado a la reinserción. Una prisión en una isla apartada haría más difícil las visitas, encarecería el traslado de familiares y volvería más frágil todo programa serio de rehabilitación. A veces se habla de estas cosas como si fueran asuntos blandos, secundarios. No lo son. Cuando el sistema rompe por completo el vínculo social del interno, lo que suele regresar a la calle no es una persona corregida, sino una persona todavía más rota.
Además, hay una verdad que rara vez se pone sobre la mesa, el hacinamiento dominicano no se explica solo por falta de camas. También pesa el uso intensivo de la prisión preventiva y la lentitud con que se corrigen distorsiones procesales. Distintos reportes de 2025 mostraban que más del 60 % de la población penitenciaria estaba en prisión preventiva, y en la región Este el porcentaje superaba el 73 %. Si el Estado no toca ese núcleo del problema, puede inaugurar una cárcel nueva hoy y volver a llenarla mañana. Construir lejos no corrige por sí solo una mala administración penal.
Por eso la alternativa razonable no parece estar en Isla Beata, sino en tierra firme. El propio proceso de reforma ya ofrece una pista. El Gobierno ha avanzado con el centro de Las Parras, cuya primera etapa permite incorporar progresivamente unos 2,400 internos, y Roberto Santana ha dicho que el traslado de 11 cárceles al nuevo modelo entre 2026 y 2028 busca llevar el sistema a cero hacinamiento. Ese es el camino que merece prioridad, complejos regionales modernos, personal civil especializado, mejor clasificación por perfil de peligrosidad, tecnología de control, aulas, talleres, salud y régimen disciplinario serio. No hay épica en eso, pero sí más sensatez.
Si el país de verdad quiere golpear la capacidad operativa del crimen desde las cárceles, las medidas más urgentes son menos cinematográficas y bastante más efectivas, inteligencia penitenciaria real, bloqueo de comunicaciones ilícitas, seguimiento financiero de internos de alto perfil, separación estricta de cabecillas, reducción del abuso de la prisión preventiva y expansión de centros de transición para condenados de baja peligrosidad. En otras palabras, menos fantasía insular y más administración seria del sistema.
Al final, el debate no debería centrarse en qué luce más impactante, levantar una cárcel en una isla o emprender una reforma penitenciaria desde el territorio continental. Lo que realmente importa es qué resulta más beneficioso para la República Dominicana. Y, por el momento, todo apunta a una conclusión bastante definida, Isla Beata no representa la opción más sensata. Puede ser una idea vistosa, incluso popular en ciertos sectores, pero no parece la más legal, ni la más barata, ni la más operable, ni la más compatible con un sistema que debería aspirar a control, seguridad y rehabilitación al mismo tiempo. A veces los países se equivocan justamente cuando creen haber encontrado una solución demasiado fácil para un problema demasiado viejo.
Sobre el autor:
General ® de la Policía Nacional, graduado en Seguridad Pública y Alto Mando policial en la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y es Licenciado en Administración de empresas
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