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Adolfina Mejia
diciembre 14, 2025
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Santo Domingo.- El juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena Ferreras dictó la noche de este domingo 18 meses de prisión preventiva contra siete de los 10 acusados por el desfalco al Seguro Nacional de Salud SENASA, mientras que a los otros tres fueron sentenciados a arresto domiciliario, presentación periódica en impedimento de salida del país.
El juez Sena acogió en gran parte la solicitud del Ministerio Público y dispuso la medida para siete de los acusados, la cual deberá ser cumplida en la cárcel de Najayo,
Los imputados a los que se le dictó 18 meses de prisión preventiva en Najayo son: el exdirector de SeNaSa Santiago Marcelo Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, sobrino del exdirector.
También Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñonez,. Francisco Iván Menaya Pérez, Ramón Alan Peakler, Ada Ledesma Uniera.
Mientras que se le impuso arresto domiciliario e impedimento de salida a Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Haidi Mariela Pinea Perdomo, quienes en sus medios de defensa alegaron que fueron extorsionados para el pago de sobornos.
El Ministerio Público acusa a los imputados de integrar una red de corrupción que operó en SeNaSa mediante pagos irregulares, aprobaciones fraudulentas de prestaciones, sobornos, desvíos de fondos y utilización de empresas vinculadas lo que provocó un perjuicio multimillonario al sistema de salud pública.
La fiscalía sostiene que los recursos desviados estaban destinados a servicios médicos de los afiliados más vulnerables, lo que ha generado una profunda indignación social.
En tanto que el procurador adjunto Wilson Camacho anunció que el Ministerio Público presentará en el “menor tiempo posible” la versión 2.0 de la Operación Cobra, que incluirá nueve personas físicas y jurídicas implicadas en el fraude millonario contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El anuncio se produjo luego que se impusiera medidas de coerción contra los diez acusados del caso, en una decisión que Camacho calificó de “histórica” y que , según su parecer, reafirma la independencia del Ministerio Público.
Enfatizó que la investigación no ha concluido y que todos los involucrados en la sustracción de fondos públicos enfrentarán consecuencias judiciales.
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