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Adolfina Mejia
enero 27, 2026
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Por: Ramon A. Rodriguez Veras
En el debate sobre migración, seguridad y confianza institucional suele hablarse de fronteras, visados y control. Pero hay un “andamiaje silencioso” que sostiene casi todo, los documentos de identidad. Allí donde el sistema de identificación es robusto, la economía se vuelve más fluida, el Estado presta servicios con menos fricción y el fraude encuentra menos puertas abiertas. Donde es débil o fragmentado, la informalidad y la suplantación se vuelven atajos tentadores.
No es casual que Estados Unidos, Arabia Saudita y el Reino Unido, tres países asociados a grandes flujos migratorios, operen con modelos de identidad muy distintos: desde la identidad descentralizada (EE. UU.), pasando por la identidad centralizada y obligatoria (Arabia Saudita), hasta el modelo británico donde no existe una cédula nacional y el país migra parte de su verificación migratoria a formatos digitales (Reino Unido).
Hoy, República Dominicana entra a ese mismo tablero con dos piezas nuevas, la nueva Cédula de Identidad y Electoral y el pasaporte electrónico. La pregunta de fondo ya no es solo “qué tan seguros son”, sino qué oportunidades abren e incluso si el país está listo para una conversación más ambiciosa, ¿unificar la licencia de conducir con la cédula para ahorrar, simplificar y blindar la identidad?
Tres países, tres filosofías de identidad, Estados Unidos, la licencia como “cédula de facto”. Estados Unidos no tiene una cédula nacional obligatoria; la identificación cotidiana descansa, sobre todo, en documentos estatales (licencia de conducir o “state ID”). El gobierno federal, en vez de crear una cédula única, impone estándares mínimos de seguridad para esas identificaciones cuando se usan para fines federales (por ejemplo, vuelos domésticos y acceso a instalaciones federales) mediante el esquema REAL ID. Lección: cuando la licencia funciona como identificación general, el país evita duplicar tarjetas pero paga el costo de coordinar muchos emisores y estándares.
Arabia Saudita, identidad centralizada, control y trazabilidad. Arabia Saudita opera un enfoque mucho más centralizado, el National ID es obligatorio para la vida dentro del país, y para residentes extranjeros el documento clave es el Iqama (permiso de residencia), también con reglas estrictas de renovación y control. Lección: una identidad central fuerte reduce grietas para fraude, pero exige gobernanza impecable, ciberseguridad y garantías para el ciudadano.
Reino Unido, sin cédula nacional y migración hacia el estatus digital. El Reino Unido eliminó su esquema de “identity cards” y no tiene una cédula nacional. La vida diaria se apoya en pasaporte y licencia de conducir, mientras que, para inmigración, el país ha reemplazado los BRP por eVisas (registro digital de estatus). Esa transición, sin embargo, ha enfrentado problemas de adopción y aceptación por algunas instituciones, lo que muestra el lado humano de la digitalización, no basta con innovar; hay que asegurar usabilidad y respaldo. Lección: digitalizar puede agilizar, pero si el ecosistema no está listo, la identidad se convierte en una “barrera” para el ciudadano.
República Dominicana, dos reformas que cambian el terreno. La nueva cédula, seguridad + estándares + puerta a la identidad digital. La JCE presentó una cédula con un salto notable en diseño y seguridad, policarbonato, grabado láser, más de 100 características de seguridad (niveles visibles, encubiertos y forenses), e incorporación de elementos como CAN y MRZ alineados con estándares de la OACI, además de QR para validación. También añade accesibilidad con relieve táctil para personas con discapacidad visual.
En paralelo, medios dominicanos han descrito el componente de identidad digital, verificación segura en plataformas, trámites y transacciones electrónicas, con impacto potencial en el sector financiero y servicios. Y se ha comunicado que la nueva cédula incorpora chip de alta seguridad (en comunicaciones públicas y cobertura local), lo cual abre el capítulo de firma, autenticación y credenciales. Beneficio ciudadano inmediato, menos suplantación, verificación más rápida y un camino real a trámites digitales sin fotocopias eternas.
El pasaporte electrónico, biometría + verificación global + beneficios adicionales. En el pasaporte, la innovación no es solo “un chip”, sino la integración del país al ecosistema internacional de verificación: República Dominicana fue admitida en el PKD de la OACI, que permite validar la autenticidad de pasaportes electrónicos a escala global. El gobierno ha señalado además decenas de medidas de seguridad para reducir falsificación y alteración. Y, en el plano de beneficios, se ha informado la inclusión de una cobertura de repatriación de hasta US$9,000 asociada al pasaporte electrónico. Beneficio ciudadano, mejor aceptación y verificación en fronteras, menor riesgo de fraude documental y servicios añadidos que “acompañan” al dominicano fuera del país.
El dilema dominicano, ¿seguir con dos tarjetas o unificar funciones? Aquí aparece la reflexión incómoda, si la nueva cédula ya está diseñada como una “plataforma” (más segura, más durable, con estándares de lectura y potencial digital), ¿tiene sentido que el Estado mantenga otra tarjeta masiva —la licencia— con infraestructura, renovaciones, verificación y costos paralelos?
Lo que enseñan los tres modelos comparados. EE. UU. y Reino Unido muestran que, cuando la licencia opera como identificación cotidiana, el país reduce duplicidad de tarjetas (aunque mantenga otros documentos para ciudadanía o viaje). Arabia Saudita prueba lo contrario, una identidad nacional fuerte y obligatoria como “documento rector” (y un documento migratorio fuerte para extranjeros) facilita control y trazabilidad. El Reino Unido también advierte sobre digitalización sin red de seguridad, si una institución no reconoce el formato o el ciudadano no puede acceder, la identidad se vuelve exclusión.
¿Dónde estaría el ahorro real si RD unifica cédula y licencia? Sin poner números (porque requeriría el presupuesto y costos unitarios oficiales), el ahorro y eficiencia suelen concentrarse en cinco frentes: Producción y logística, una sola tarjeta física de alta seguridad, con una sola cadena de impresión, distribución y reposición. Captura biométrica y actualización de datos, un solo proceso de enrolamiento (biometría, foto, verificación) para múltiples credenciales. Verificación en el sector privado (bancos, telecom, empleadores), menos documentos “equivalentes” y menos dudas sobre autenticidad; más validación automática. Fraude y suplantación, la unificación permite que el “derecho a conducir” sea una atribución (un dato/permiso) dentro de una identidad fuerte, no un documento aparte más fácil de falsificar. Experiencia del ciudadano, menos filas, menos duplicidad de renovaciones y menos “cartera” llena de plásticos.
Pero la unificación solo funciona si se responden tres preguntas difíciles. Gobernanza y privacidad, ¿Quién administra el dato de conducción? ¿Cómo se comparte? ¿Qué auditoría hay? Arquitectura de “atributos”, no de “megadocumento”, la cédula no debería “mezclarlo todo” en un bloque; lo ideal es una identidad base y atributos (conducir sí/no, categorías, vencimientos, sanciones) consultables con permisos. Respaldo físico y digital (evitar exclusión), la identidad digital debe tener rutas alternativas y reconocimiento amplio, para que no ocurra lo que se ha criticado en transiciones digitales en otros países, ciudadanos legales con problemas para probar su estatus ante instituciones.
Una identidad no es un plástico; es confianza. La nueva cédula dominicana —con policarbonato, grabado láser, MRZ/CAN y más de 100 elementos de seguridad— y el pasaporte electrónico dominicano —con ingreso al PKD de la OACI— no son solo modernización técnica, son un mensaje de Estado que quiere ser verificable. La discusión sobre unificar licencia y cédula no debería reducirse a “comodidad” o “moda”. Es, en el fondo, una pregunta sobre eficiencia del gasto público, reducción del fraude y la vida cotidiana del ciudadano, ¿cuántas veces debe el dominicano probar que es quien dice ser y cuántas instituciones deben invertir en comprobarlo?
Tal vez la verdadera modernización no sea emitir dos documentos nuevos, sino atrevernos a diseñar una sola identidad base, con permisos claros y verificables, donde el ciudadano no cargue con la fragmentación del Estado.
Sobre el autor:
General ® de la Policía Nacional, graduado en Seguridad Pública y Alto Mando policial en la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y es Licenciado en Administración de Empresas
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