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Adolfina Mejia
febrero 09, 2026
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Por: Ramón A. Rodriguez Veras
En las últimas décadas, la República Dominicana ha consolidado una posición destacada en el Caribe como una economía dinámica, abierta al turismo, la inversión extranjera y el comercio internacional. Sin embargo, este crecimiento económico convive hoy con un debate cada vez más intenso: ¿cómo avanzar hacia un mayor desarrollo sin comprometer la riqueza natural que constituye, precisamente, una de sus principales ventajas comparativas?
Este dilema no es exclusivo del país. En todo el mundo se discute la tensión entre crecimiento económico y protección ambiental. Pero en una nación insular como la dominicana, dotada de playas excepcionales, biodiversidad tropical, recursos marinos y extensas áreas protegidas, el equilibrio entre ambos objetivos adquiere una relevancia estratégica.
Tradicionalmente, la protección ambiental se percibía como una limitación al desarrollo económico. Hoy, la evidencia internacional sugiere una lectura distinta: los ecosistemas bien conservados pueden convertirse en fuentes sostenibles de riqueza.
El turismo, principal generador de divisas del país, depende en gran medida de la calidad ambiental de sus playas, montañas, ríos y reservas naturales. La erosión costera, la contaminación marina o la pérdida de biodiversidad no solo representan problemas ecológicos; también afectan directamente la competitividad económica. En ese sentido, preservar el entorno natural no es únicamente un imperativo ético, sino una decisión económicamente racional.
Sin embargo, reconocer el valor económico de la naturaleza no significa convertir cada espacio protegido en un enclave turístico o productivo. Existen límites ecológicos que, si se sobrepasan, comprometen la sostenibilidad futura.
El debate público suele polarizarse entre dos posiciones: quienes abogan por la conservación estricta sin considerar necesidades económicas, y quienes promueven la explotación intensiva de los recursos naturales en nombre del crecimiento. Ambas posturas, cuando se radicalizan, pueden resultar contraproducentes.
Una protección ambiental que ignore las necesidades socioeconómicas corre el riesgo de generar tensiones sociales, informalidad o actividades clandestinas que terminan dañando el entorno. Por otro lado, un desarrollo que desatienda la sostenibilidad puede producir beneficios económicos inmediatos, pero deteriorar los activos naturales que sostienen el crecimiento a largo plazo.
La experiencia internacional muestra que los modelos más exitosos no se ubican en los extremos, sino en el punto de convergencia entre desarrollo económico, protección ambiental y participación comunitaria.
República Dominicana posee condiciones singulares que podrían facilitar ese equilibrio: playas y ecosistemas marinos de alto valor turístico; diversidad climática y geográfica que favorece agricultura diferenciada y ecoturismo; amplia red de áreas protegidas para su tamaño territorial; ubicación estratégica en el Caribe con conectividad internacional y experiencia consolidada en turismo y servicios. Estas ventajas permiten imaginar alternativas económicas compatibles con la conservación: turismo de naturaleza de mayor valor agregado, agro ecoturismo, economía azul sostenible, investigación científica tropical, pagos por servicios ambientales y educación ambiental internacional. No se trata de sustituir el modelo económico actual, sino de complementarlo y hacerlo más resiliente.
Diversos estudios internacionales indican que las economías que integran sostenibilidad ambiental en sus estrategias de desarrollo pueden mejorar su competitividad, atraer inversión responsable y generar empleos de calidad. En el caso dominicano, la transición hacia un modelo más sostenible podría traducirse en crecimiento adicional del producto interno bruto en el mediano plazo, especialmente si se fortalece la calidad ambiental del destino turístico y se diversifican las fuentes de ingreso. Pero ese crecimiento requiere planificación, regulación efectiva, educación ambiental y transparencia institucional. Sin estos elementos, cualquier iniciativa corre el riesgo de quedarse en discurso o, peor aún, producir efectos contrarios a los deseados.
Más que un conflicto entre conservación y desarrollo, República Dominicana enfrenta una oportunidad histórica: demostrar que es posible crecer económicamente mientras se protege el patrimonio natural. Esto implica diálogo entre sectores productivos, autoridades, comunidades y organizaciones ambientales, evitando descalificaciones y reconociendo que todos comparten un interés común: el bienestar presente y futuro del país. La naturaleza dominicana no es un obstáculo para el progreso, pero tampoco es un recurso infinito. Es un capital que, bien gestionado, puede sostener prosperidad por generaciones; mal administrado, puede perderse con rapidez.
Quizás la pregunta que debe guiar el debate no sea si proteger o desarrollar, sino cómo desarrollar protegiendo. En esa respuesta se juega no solo el crecimiento económico, sino también la identidad, la calidad de vida y la sostenibilidad de la nación. El verdadero desafío consiste en comprender que el progreso más sólido no surge de elegir entre economía o medio ambiente, sino de reconocer que ambos, en realidad, están profundamente entrelazados.
Sobre el autor:
Es General ® de la Policía Nacional, graduado en Seguridad Pública y Alto Mando policial en la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y es Licenciado en Administración de Empresas
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