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Adolfina Mejia
octubre 26, 2026
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Santiago de los Caballeros, República Dominicana. - La Unión Dominicana de Defensores de Derechos Humanos y la Asociación de Juntas de Vecinos de la ciudad de Santiago hicieron un llamado público al director general de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), Teófilo José "Quico" Tabar, para que disponga el estricto cumplimiento de la normativa vigente que regula los juegos de azar en la República Dominicana y adopte las medidas correspondientes ante presuntas violaciones a la ley en la ciudad de Santiago.
Las organizaciones denunciaron que en la avenida Estrella Sadhalá opera un casino a una distancia que alegadamente incumple las disposiciones legales establecidas para este tipo de establecimientos, particularmente por su proximidad a centros educativos.
Indicaron que la legislación dominicana establece de manera expresa que los establecimientos dedicados a los juegos de azar deben respetar una distancia mínima de 500 metros con relación a los centros educativos, una disposición creada para proteger a niños, adolescentes y jóvenes de la exposición temprana a actividades de apuestas.
El vocero de las entidades denunciantes, Humberto Gil Corcino, expresó que resulta preocupante que una situación de esta naturaleza continúe sin una respuesta efectiva de las autoridades competentes.
“Confiamos en la integridad, la trayectoria y el compromiso institucional de Quico Tabar, por lo que esperamos una actuación inmediata de la Dirección General de Juegos de Azar. La ley debe aplicarse sin privilegios ni excepciones. Cuando existen denuncias sobre posibles violaciones a disposiciones creadas para proteger a la comunidad educativa, corresponde a las autoridades investigar y actuar con firmeza”, sostuvo.
Gil Corcino señaló que uno de los establecimientos cuestionados que estaría operando a menos de 150 metros del Politécnico Femenino Nuestra Señora de las Mercedes, situación que, de comprobarse, constituiría una abierta contradicción con el mandato legal vigente.
Las entidades afirmaron que la inobservancia de esta normativa no solo compromete la credibilidad de los organismos reguladores, sino que además envía un mensaje negativo sobre la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de las leyes que él mismo promulga.
Asimismo, anunciaron que en los próximos días depositarán ante el Tribunal Superior Administrativo una acción de amparo de cumplimiento, con el objetivo de que se ordene a la Dirección General de Juegos de Azar ejecutar las obligaciones que le impone la legislación y adoptar las medidas administrativas necesarias para corregir cualquier situación irregular.
“La ley no puede ser un simple documento decorativo. Debe cumplirse y hacerse cumplir. La sociedad espera respuestas concretas, investigaciones transparentes y actuaciones oportunas por parte de las autoridades responsables”, concluye el comunicado.

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