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Adolfina Mejia
noviembre 14, 2025
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Por: Redacción
Santo Domingo, 14 de noviembre de 2025.- Hoy se cumple el plazo de dos años establecido por la Ley Orgánica 590-16 para el cargo de director de la Policía Nacional. Ramón Antonio Guzmán Peralta, designado el 14 de noviembre de 2023, llega al límite de su mandato. El presidente Luis Abinader enfrenta una decisión que marcará el rumbo de la reforma policial y pondrá a prueba su compromiso con la institucionalidad.
El marco legal
La Ley Orgánica de la Policía Nacional es clara: el director solo puede permanecer en funciones por dos años. El artículo 23 establece la renovación obligatoria del cargo, como mecanismo para evitar la concentración de poder y garantizar la rotación de liderazgos.
En este contexto, la continuidad de Guzmán Peralta más allá de la fecha de vencimiento abriría un debate jurídico sobre la legalidad de la medida y sobre la interpretación de la norma en medio de un proceso de reforma.
Ramón Antonio Guzmán Peralta ha sido una figura clave en la implementación de la reforma policial. Bajo su gestión se juramentaron más de 2,400 nuevos agentes y se impulsaron programas de capacitación y modernización tecnológica. Sus defensores argumentan que su permanencia garantizaría estabilidad en un proceso aún inconcluso.
Sin embargo, sectores críticos advierten que la ley no admite excepciones y que la institucionalidad debe prevalecer sobre la conveniencia política.
En medio de la encrucijada sobre el relevo en la jefatura de la Policía Nacional, informaciones confidenciales a las que tuvo acceso este medio revelan que las instancias que impulsan la transformación policial han planteado un perfil claro para el próximo titular: un general académico, capaz de garantizar los lineamientos de la reforma policial y levantar la moral de la institución.
Según el informe, esta base académica es esencial para asegurar una comprensión integral de la estructura institucional y de los desafíos que enfrenta el proceso de modernización. La decisión final recaerá en el presidente Luis Abinader, quien deberá escoger entre varios nombres que ya circulan en los pasillos policiales y políticos.
Generales que suenan
General Huilartio Guzmán Baddia: actual subdirector de la Policía Nacional, con experiencia administrativa y operativa.
Andrés Modesto Cruz Ceruz: Inspector General, reconocido por su cercanía con los procesos de control interno.
Martín Montilla: director de Transformación Policial, figura clave en el diseño de la reforma institucional.
Claudio González Moquete: director regional en Barahona, considerado “corriendo por el carril del centro”, impulsado por sectores que aseguran existe un compromiso con su candidatura.
Juan Bautista Jiménez Reynoso: director regional en el Cibao, con respaldo de sectores ligados al gobierno y al empresariado.
Francisco Osoria de la Cruz: exdirector general de la DIGESETT,
Javier Torres Dotel: actual enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía, con perfil de articulador institucional.
El trasfondo de la decisión
La sucesión en la jefatura policial no es solo un trámite administrativo. Se trata de un símbolo de la reforma policial que el gobierno ha impulsado en los últimos años. La elección de un general con formación académica busca reforzar la idea de que la modernización de la Policía requiere más que experiencia operativa: necesita visión estratégica, capacidad de gestión y legitimidad institucional.
Los sectores internos y externos coinciden en que el próximo director debe ser capaz de elevar la moral policial, en un momento en que la ciudadanía exige mayor transparencia y eficacia en la lucha contra la criminalidad.
La última palabra
El presidente Abinader tendrá la decisión final. Su elección marcará el rumbo de la reforma policial y definirá si el proceso se consolida con un liderazgo académico y renovador, o si se privilegia la continuidad de figuras con peso político y operativo.
La decisión presidencial
El presidente Abinader se encuentra en una encrucijada: Cumplir la ley y designar un nuevo director, enviando un mensaje de respeto al marco jurídico. Prorrogar el mandato de Guzmán Peralta, defendiendo la continuidad de la reforma, pero arriesgando cuestionamientos sobre legalidad y legitimidad.
La decisión no solo impactará la Policía Nacional, sino también la percepción ciudadana sobre el compromiso del gobierno con la transparencia y el Estado de derecho.
Reacciones y expectativas
Juristas y académicos insisten en que la ley debe cumplirse sin excepciones.
Sectores políticos observan la decisión como un termómetro de la gobernanza de Abinader.
La ciudadanía espera señales claras de que la reforma policial no se convierte en un pretexto para vulnerar la institucionalidad.
Conclusión
El 14 de noviembre de 2025 se convierte en una fecha simbólica: el día en que el presidente Abinader debe elegir entre la institucionalidad y la continuidad operativa. Su decisión marcará el rumbo de la reforma policial y quedará inscrita en la memoria política del país como un ejemplo de respeto —o tensión— con la ley.
El marco legal
La Ley Orgánica de la Policía Nacional es clara: el director solo puede permanecer en funciones por dos años. El artículo 23 establece la renovación obligatoria del cargo, como mecanismo para evitar la concentración de poder y garantizar la rotación de liderazgos.
En este contexto, la continuidad de Guzmán Peralta más allá de la fecha de vencimiento abriría un debate jurídico sobre la legalidad de la medida y sobre la interpretación de la norma en medio de un proceso de reforma.
Ramón Antonio Guzmán Peralta ha sido una figura clave en la implementación de la reforma policial. Bajo su gestión se juramentaron más de 2,400 nuevos agentes y se impulsaron programas de capacitación y modernización tecnológica. Sus defensores argumentan que su permanencia garantizaría estabilidad en un proceso aún inconcluso.
Sin embargo, sectores críticos advierten que la ley no admite excepciones y que la institucionalidad debe prevalecer sobre la conveniencia política.
En medio de la encrucijada sobre el relevo en la jefatura de la Policía Nacional, informaciones confidenciales a las que tuvo acceso este medio revelan que las instancias que impulsan la transformación policial han planteado un perfil claro para el próximo titular: un general académico, capaz de garantizar los lineamientos de la reforma policial y levantar la moral de la institución.
Según el informe, esta base académica es esencial para asegurar una comprensión integral de la estructura institucional y de los desafíos que enfrenta el proceso de modernización. La decisión final recaerá en el presidente Luis Abinader, quien deberá escoger entre varios nombres que ya circulan en los pasillos policiales y políticos.
Generales que suenan
General Huilartio Guzmán Baddia: actual subdirector de la Policía Nacional, con experiencia administrativa y operativa.
Andrés Modesto Cruz Ceruz: Inspector General, reconocido por su cercanía con los procesos de control interno.
Martín Montilla: director de Transformación Policial, figura clave en el diseño de la reforma institucional.
Claudio González Moquete: director regional en Barahona, considerado “corriendo por el carril del centro”, impulsado por sectores que aseguran existe un compromiso con su candidatura.
Juan Bautista Jiménez Reynoso: director regional en el Cibao, con respaldo de sectores ligados al gobierno y al empresariado.
Francisco Osoria de la Cruz: exdirector general de la DIGESETT,
Javier Torres Dotel: actual enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía, con perfil de articulador institucional.
El trasfondo de la decisión
La sucesión en la jefatura policial no es solo un trámite administrativo. Se trata de un símbolo de la reforma policial que el gobierno ha impulsado en los últimos años. La elección de un general con formación académica busca reforzar la idea de que la modernización de la Policía requiere más que experiencia operativa: necesita visión estratégica, capacidad de gestión y legitimidad institucional.
Los sectores internos y externos coinciden en que el próximo director debe ser capaz de elevar la moral policial, en un momento en que la ciudadanía exige mayor transparencia y eficacia en la lucha contra la criminalidad.
La última palabra
El presidente Abinader tendrá la decisión final. Su elección marcará el rumbo de la reforma policial y definirá si el proceso se consolida con un liderazgo académico y renovador, o si se privilegia la continuidad de figuras con peso político y operativo.
La decisión presidencial
El presidente Abinader se encuentra en una encrucijada: Cumplir la ley y designar un nuevo director, enviando un mensaje de respeto al marco jurídico. Prorrogar el mandato de Guzmán Peralta, defendiendo la continuidad de la reforma, pero arriesgando cuestionamientos sobre legalidad y legitimidad.
La decisión no solo impactará la Policía Nacional, sino también la percepción ciudadana sobre el compromiso del gobierno con la transparencia y el Estado de derecho.
Reacciones y expectativas
Juristas y académicos insisten en que la ley debe cumplirse sin excepciones.
Sectores políticos observan la decisión como un termómetro de la gobernanza de Abinader.
La ciudadanía espera señales claras de que la reforma policial no se convierte en un pretexto para vulnerar la institucionalidad.
Conclusión
El 14 de noviembre de 2025 se convierte en una fecha simbólica: el día en que el presidente Abinader debe elegir entre la institucionalidad y la continuidad operativa. Su decisión marcará el rumbo de la reforma policial y quedará inscrita en la memoria política del país como un ejemplo de respeto —o tensión— con la ley.
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