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Adolfina Mejia
octubre 02, 2022
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Montreal Canadá. - La delegación dominicana a la 41 Asamblea General de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) presentó los avances del país a través de la adopción de normas y reglamentos destinados a fortalecer la seguridad jurídica y operativa del sector aeronáutico.
Al presentar un balance de la primera participación oficial del país en la conferencia de la OACI, el director general interino del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) Héctor Porcella explicó que la delegación nacional tuvo una activa participación en diversas comisiones de trabajo, con especial énfasis en temas jurídicos cuestiones y asuntos regulatorios.
En materia de conflictos de interés, la delegación representada por el propio Porcella; la directora jurídica del IDAC, Bernarda Franco; y el embajador de República Dominicana ante la OACI, Julio Peña, destacaron las medidas adoptadas por el país para evitar conflictos de interés en la aviación, garantizar una regulación independiente e imparcial y crear un clima adecuado para fortalecer la seguridad operacional.
Citaron específicamente los instrumentos aprobados por el país, que establecen restricciones a situaciones que podrían generar conflictos de interés, como la Ley No. 491-06 de Aviación Civil de República Dominicana y la adopción del Anexo 19 sobre Gestión de la Seguridad Operacional, recomendado por la OACI.
Este componente determina los lineamientos que cada Estado debe establecer para gestionar la seguridad operacional en su sistema de aviación civil, de tal manera que brinde a la Administración y a su personal las instrucciones necesarias para cumplir con los objetivos establecidos por el Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP). ). )
Porcella destacó la reciente implementación en el IDAC de un modelo de Gestión de Cumplimiento Normativo y Antisoborno, orientado a implementar los controles necesarios para prevenir y frenar la corrupción administrativa y elevar los niveles de eficiencia en las áreas operativas y de servicio de la institución.
Mientras que la directora legal, Bernarda Franco, presentó las notas de un estudio elaborado por República Dominicana con una serie de consideraciones sobre conflictos de interés y responsabilidad civil en las operaciones de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS).
En este último aspecto llamó la atención sobre el crecimiento de las operaciones relacionadas con actividades de esparcimiento, trabajo aéreo tales como, fotografía y grabaciones, cartografía aérea, agricultura y agroindustria, el transporte de carga, unidades médicas de emergencia, transporte de medicamentos a lugares remotos, entre otras actividades comerciales.
Las notas y ponencias presentadas por la delegación dominicana fueron ampliamente apoyadas por otras delegaciones y por la Presidencia y Secretaría del Comité Jurídico, acordando el plenario que las propuestas fueron incluidas en la próxima sesión del comité jurídico.
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