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martes, 12 de mayo de 2026

Denuncian constructora vende viviendas con vicios de construcción y desacata decisiones de ProConsumidor


Santo Domingo, Distrito Nacional.-Propietarios del Residencial G-42 en el Distrito Nacional denunciaron que la empresa Germosen Constructora, responsable del proyecto se ha dedicado a ignorar y burlarse de las decisiones emitidas por ProConsumidor, entidad que ordenó reparar los graves vicios de construcción con los que fueron vendidos los inmuebles del proyecto habitacional.

Aseguraron que la empresa propiedad de José Germosén pone en riesgo la seguridad jurídica y las inversiones en República Dominicana, al incumplir de manera reiterada las disposiciones de las autoridades competentes.

Explican que mediante la Resolución No. 044-2022, ProConsumidor ordenó a la constructora corregir los defectos estructurales y fallas presentes en las viviendas del complejo residencial. Sin embargo, la empresa ha desatendido el mandato, manteniendo a los condómines en una situación de incertidumbre y exponiendo a la comunidad a un deterioro progresivo que compromete la habitabilidad y la seguridad de los edificios, advirtiendo incluso sobre el riesgo de un posible colapso.

Ante esta situación, los propietarios del referido residencial hicieron un llamado urgente al Defensor del Pueblo para que intervenga en defensa de los derechos fundamentales de las familias afectadas, señalando que dicha institución debe velar por el cumplimiento de las decisiones administrativas y evitar que prácticas empresariales abusivas continúen vulnerando la dignidad y seguridad de los ciudadanos.

Los denunciantes sostienen que este caso trasciende lo que es un simple conflicto doméstico, representando una alerta sobre la fragilidad institucional que se produce cuando las resoluciones administrativas son ignoradas sin consecuencias.

Afirmaron que la actitud de la constructora refleja un patrón de desprecio hacia la ley y hacia los derechos de los consumidores, debilitando la confianza en el mercado inmobiliario dominicano.

Finalmente, expresaron que la sociedad no puede permanecer indiferente ante este tipo de situaciones y que el respeto a las decisiones de ProConsumidor, así como la intervención activa del Defensor del Pueblo, son fundamentales para garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones y que los ciudadanos tengan la certeza de que sus derechos serán protegidos. Indicaron que el caso del Residencial G-42 debe sentar un precedente claro: la ley no se negocia y la justicia no puede seguir esperando.
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